Consejo de Estado - Sección Primera

El Consejo de Estado exhortó al Consejo Superior de la Judicatura a conformar una mesa de trabajo con el Gobierno, el Ministerio Público y otros representantes de la Rama Judicial para evaluar los avances alcanzados en materia de bioseguridad, herramientas tecnológicas y conquista del expediente judicial, a la luz de la emergencia sanitaria que vive el país por la presencia de la COVID-19 en nuestro territorio. La Corporación determinó que no se evidencia que las medidas adoptadas por Consejo Superior de la Judicatura hayan sido violatorias de derechos fundamentales, pues se establecieron instrumentos de bioseguridad y distanciamiento social en los despachos y sedes donde se brinda atención al público, al punto que solo se permitió una ocupación máxima del 20 % y se privilegió el trabajo en casa. La Sala considera que el expediente judicial es un objetivo que encuentra varios rezagos. Sostuvo que, ante la evidencia de que diversas seccionales del Consejo Superior adujeron desconocer avances del plan de digitalización y señalaron no contar con una plataforma tecnológica propia, ni herramientas adecuadas para la recepción de demandas de manera virtual, se exhortó a la entidad demandada a conformar una mesa de trabajo con los consejos seccionales y los ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Hacienda y Salud, así como con el Ministerio Público, para evaluar los avances logrados en materia tecnológica, medidas de bioseguridad y digitalización de expedientes, como los que exige la emergencia sanitaria

Se declaró legal la norma que flexibilizó el procedimiento de compensación que deben llevar a cabo las EPS para poder recibir dineros por concepto de unidad de pago por capitación (Decreto 3260 del 2007) de manos del Fosyga, mandato que tenía por propósito destrabar el giro de los saldos que, al 31 de diciembre del 2006, no habían podido ser compensados ordinariamente por las entidades. Dicha compensación consiste en el deber que tienen las EPS de restar de los pagos que reciben por cotizaciones de sus afiliados las UPC que corresponden a cada uno de ellos y sus beneficiarios, que es el pago anual que se le reconoce a las entidades para poder financiar el plan obligatorio de salud (POS) de cada uno de ellos. La norma demandada impuso una especie de amnistía, que le permitió a estas entidades recibir cerca de 469.000 millones de pesos, sin necesidad de tener que identificar plenamente a cada uno de sus afiliados al 31 de diciembre del 2006, dado el represamiento de los saldos que no habían podido ser compensados por el procedimiento ordinario de la época, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud. Sostuvo la Sección que flexibilizar este procedimiento no viola la moralidad administrativa, sino que hace más eficiente el flujo de unos recursos que se encontraban paralizados por la falta de suministro de información por parte de las EPS

Toma de posesión de un inmueble arrendado de propiedad de una E.S.E. en liquidación. Corresponde al Liquidador responder por la guarda y administración de los bienes y haberes que se encuentren en cabeza de la entidad en liquidación, esto es, velar por el cuidado, custodia y protección de los mismos; sin embargo, para el cumplimiento de ese deber, debe ejercer, en los casos en que sea pertinente, las acciones judiciales y administrativas requeridas para el efecto, ante las autoridades competentes, y no disponer de manera directa la toma de posesión material de los inmuebles cuya tenencia se encuentre en cabeza de terceras personas, aunque sean de su propiedad, pues es evidente que tal actitud supone desconocer el derecho que reclama el tercero a no ser afectado y que supone en consecuencia la presencia de un conflicto que, en todo caso, debe ser resuelto por un tercero imparcial, atendiendo la distribución de funciones y competencias entre las distintas ramas del poder público