Consejo de Estado - Sección Primera

El Consejo de Estado determinó que el municipio de La Celia también debe cumplir las órdenes judiciales que se le impusieron a Risaralda, al Ministerio de Justicia y a las autoridades carcelarias para poner fin al hacinamiento que se vive en las penitenciarías de este departamento. La demanda la interpuso la Defensoría Regional de Risaralda, con el fin de que el juez popular ordenara medidas de su competencia para construir un centro de reclusión para personas cobijadas con medida de aseguramiento preventivo, ya que la población no cuenta con uno. El Consejo de Estado no determinó que fuera estrictamente necesaria la construcción de una penitenciaría en esta población, le ordenó al municipio contribuir al cumplimiento del fallo ya reseñado, que obliga al departamento y a las autoridades carcelarias tomar medidas contra el hacinamiento carcelario. Así las cosas, ante la evidencia sobre el alto porcentaje de personas detenidas preventivamente en las cárceles de Pereira y Santa Rosa de Cabal con respecto a los condenados, que La Celia no cuenta con un penal para cumplir medidas de detención preventiva y que no se acreditó gestión del municipio al respecto, la alta corte concluyó que el ente territorial sí está desconociendo los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

Falta de una oficina de atención para los afiliados de la Nueva E.P.S. en el municipio de Aguadas Caldas vulnera los derechos de los consumidores y usuarios en materia de salud. Aunque la Sala no desconoce que la Nueva E.P.S. haya dispuesto el portal transaccional y la oficina virtual para el servicio de sus usuarios en el municipio de Aguadas, ciertamente dichos mecanismos no son suficientes para garantizar el debido ejercicio de los derechos de los consumidores y usuarios en materia de salud. Como se advirtió en la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional han señalado que el servicio público y derecho fundamental a la salud se encuentra integrado por unos elementos esenciales, dentro de los cuales, para la presente controversia, cobran especial importancia la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad. Estos elementos no solamente refieren a los servicios de salud propiamente dichos, sino que también aluden a los medios e instrumentos para acceder a dichas prestaciones, es decir, a los establecimientos y bienes de la salud. La Sala concluyó que se vulneraron los derechos colectivos invocados y, en consecuencia, ordenó la ubicación transitoria de una oficina de atención personalizada en el referido municipio, mientras se realizan las actividades para adaptar a los usuarios a una cultura de comunicación digital en relación con los servicios de salud

Por decisión del Consejo de Estado, el municipio de Belén de Umbría debe ser incluido en la lista de entidades responsables de la superación de los problemas de hacinamiento en el reclusorio de mujeres de Pereira, 'Cárcel la Badea'. Se determinó que ese ente territorial también es responsable de la violación de los derechos colectivos en ese establecimiento carcelario. La decisión obedece a una nueva acción popular que interpuso el defensor del Pueblo Regional de Risaralda, debido a la falta de un establecimiento de reclusión para las personas sometidas a detención preventiva en Belén de Umbría. Sostuvo que, al no contar con una cárcel de esa naturaleza en el municipio, se estaba contribuyendo al hacinamiento que se vive en los tres penales del departamento. El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal y ordenó proteger los derechos colectivos invocados. Aclaró que, a pesar de la falta de una cárcel para detenidos preventivamente en Belén de Umbría, en cumplimiento de los deberes legales del municipio para con esta población carcelaria, se tiene contratado el servicio con el Inpec para que las reclusas detenidas preventivamente sean remitidas a las cárceles de Anserma (Caldas) y 'La Badea' de Pereira

Se vulneran los derechos fundamentales a la vida y la salud de las personas privadas de la libertad, cuando no se presta, en debida forma, el servicio de salud en los centros carcelarios, para mitigar el contagio por COVID 19. Se formuló tutela contra el INPEC y otras entidades, con el fin de que le fueran protegidos sus derechos fundamentales en razón a que no cuenta con los medicamentos suficientes y el acompañamiento médico para afrontar los padecimientos crónicos que tiene, lo que podría ocasionarle un mayor riesgo de contagio de la COVID 19. Luego de revisar la situación de hacinamiento carcelario y las obligaciones que tienen las entidades demandadas para garantizar los servicios de salud a las personas recluidas en los centros carcelarios, se logró establecer que los derechos fundamentales fueron vulnerados por la USPEC y el Fondo de Atención en Salud PPL, al no garantizarle una adecuada prestación del servicio de salud al interior de su sitio de reclusión. Si bien es cierto que dichas entidades no prestan directamente el servicio de salud, también lo es que dentro de sus funciones y obligaciones están llamados a garantizar el derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad a través de un modelo de atención en salud especial, integral, diferenciado y con perspectiva de género