Corte Constitucional - Revisión de Tutela

Negar el suministro de una silla de ruedas prescrita por la junta médica vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna. "[E]esta Corporación ha reiterado que las sillas de ruedas están incluidas en el PBS [al no hacer parte del listado de exclusiones contenido en la Resolución 244 de 2019]. Eso significa que, cuando son ordenadas por el médico tratante, las EPS deben suministrarlas. Sin embargo, no pueden ser financiadas con cargo a la UPC [por disposición expresa del artículo 60 de la Resolución 3512 de 2019]. Por lo tanto, esas entidades podrán adelantar el procedimiento [de recobro ante la ADRES a través de la herramienta MIPRES] establecido en la Resolución 1885 de 2018, para solicitar el pago del costo de la ayuda técnica. En la misma línea, si la EPS no cumple su obligación y el paciente interpone acción de tutela, el juez constitucional concederá su entrega. Para el efecto, únicamente deberá verificar que la ayuda técnica fue ordenada por el médico tratante adscrito a la EPS [Sentencia SU-508 de 2020]. [… L]a Sala advierte que no le corresponde a la usuaria obtener la autorización del MIPRES. Por el contrario, es la accionada [a] quien […] le corresponde asumir la carga administrativa de gestionar el mencionado aplicativo para garantizarle a la usuaria el insumo. Esto, de ninguna manera puede ser trasladado a la paciente. Adicionalmente, exigir una decisión judicial [de tutela] para otorgar el insumo requerido constituye una barrera desproporcionada, arbitraria, injusta y contraria a la colaboración armónica entre los poderes públicos porque genera un desgaste gravoso para la administración de justicia. […] Respecto del incumplimiento del requisito de insuficiencia económica, la Corte advierte que esa exigencia fue reevaluada por la jurisprudencia de este Tribunal. A partir de la Sentencia SU-508 de 2020, si la persona cuenta con una prescripción médica que ordene la silla de ruedas, no es dable exigirle que demuestre su falta de capacidad económica. Por lo tanto, ese requerimiento contradice las reglas sentadas por esta Corporación en la materia. [… L]a accionada no desconoció la existencia de la orden médica. Tampoco señaló que los médicos que la profirieron fueran ajenos a su red de prestadores de servicios. […] De manera que, procede ordenar a la accionada que entregue la silla de ruedas mencionada a la accionante."

Negar el tratamiento integral de oncología a una persona porque no cuenta con un salvoconducto expedido por la Oficina de Migración Colombia, y por no encontrarse afiliada al SGSSS, comporta una vulneración del derecho fundamental a la salud. "[L]a Corte ha señalado que "resulta razonable que 'en algunos casos excepcionales, la 'atención de urgencias' [pueda] llegar a incluir el tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer, cuando los mismos sean solicitados por el médico tratante como urgentes y, por lo tanto, sean indispensables y no puedan ser retrasados razonablemente sin poner en riesgo la vida" [T-197 de 2019]. [… I]ndependientemente del hecho de que la accionante se encuentre en condición migratoria irregular, la jurisprudencia ha considerado que "(…) todos los extranjeros, regularizados o no, tienen derecho a la atención básica de urgencias en el territorio, sin que sea legítimo imponer barreras a su acceso; […] [y] el concepto de urgencias puede llegar a incluir en casos extraordinarios procedimientos o intervenciones médicas, siempre y cuando se acredite su urgencia para preservar la vida y la salud del paciente" [T-210 de 2018]. En esa medida, toda vez que la accionante: (i) ya había sido diagnosticada con una enfermedad catastrófica como lo es el cáncer; (ii) el estado avanzado de la enfermedad ponía en riesgo la vida de la actora; y (iii) existía un concepto técnico del médico que justificaba la necesidad de iniciar un tratamiento específico; en este caso, dando aplicación a la regla jurisprudencial señalada anteriormente, le correspondía a la entidad accionada prestar la atención médica requerida por la actora, sin imponer barreras de acceso. Como se observa, el presente caso constituye una excepción a la regla general que exige la afiliación al SGSSS cuando se busque una atención médica que vaya más allá de la atención básica en urgencias. Debido a lo anterior, no le era dado a la accionada imponer barreras de acceso, tal como el permiso o salvoconducto, o su afiliación al SGSSS, para la prestación de los servicios de salud requeridos por la accionante, sino que, por el contrario, debía brindarle el tratamiento requerido con el fin de preservar su derecho fundamental a la salud."