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Autos y sentencias

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Consejo de Estado - Sección Tercera

Contiene autos y sentencias expedidos por la entidad seleccionada, organizados por orden cronológico.

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2025

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2025-00016-00(72424)_20251106 de 2025

Suspende provisionalmente directrices de Colombia Compra Eficiente impartidas en el numeral 16.2 de la Circular Externa única, versión 3 del 27 de diciembre de 2023, según las cuales la prohibición de celebrar convenios administrativos en el marco de la ley de garantías electorales se hace extensiva a los contratos interadministrativos. "El parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 […] es de aplicación restrictiva, porque contiene una prohibición encaminada a limitar de manera temporal la facultad de suscribir convenios interadministrativos, de ahí que CCE no pueda extenderla a un supuesto que no consta expresamente en la norma, como lo es el contrato interadministrativo, en la medida en que, […] pese a que en ambos se involucra la manifestación de voluntad de dos entidades públicas, se trata de dos figuras distintas, que responden a los elementos mencionados en precedencia. […] Conclusión que no se modifica por el hecho de que el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 establezca la contratación directa como la modalidad de selección para la contratación entre entidades públicas, por cuanto, se insiste, tal asimilación no implica que entre una y otra figura no existan diferencias, las cuales, como se anotó en párrafos anteriores, inciden en el régimen que les resulta aplicable y la ejecución de su objeto. […] [E]n el presente asunto se decreta como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos parciales del numeral 16.2 de la Circular Externa única, versión 3 del 27 de diciembre de 2023 […]."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11001-03-24-000-2023-00293-00(71000)_20250130 de 2025

Suspendida provisionalmente la directiva presidencial que insta a los ministerios, y sus entidades adscritas y vinculadas con capacidad jurídica para contratar, a ejecutar directamente sus recursos evitando acudir a otras entidades para que actúen como intermediarios en dicha labor. "[E]l legislador […] contempló los convenios y contratos interadministrativos como una clase de negocios jurídicos de tipo bilateral a los que válidamente pueden acudir las entidades públicas para cumplir con su cometido estatal, como manifestación del principio de colaboración armónica (artículo 113 constitucional). […] [L]a regla prevista en la directiva acusada parece contravenir […] lo dicho en las normas superiores en las que debería fundarse, pues con ella se le ordena a las entidades públicas a las que se dirige […], ejecutar directamente sus recursos y evitar acudir a otras entidades para el desarrollo de sus políticas y la ejecución de sus presupuestos, con lo cual ciertamente se las estaría limitando y cercenando la posibilidad de acudir a figuras contractuales legales y válidas en nuestro ordenamiento, como lo son los contratos y los convenios interadministrativos. […] [S]ignifica que dichas entidades deben abstenerse de celebrar contratos o convenios interadministrativos, a pesar de que el legislador no ha establecido limitación o prohibición alguna en ese sentido y de que este tipo de acuerdos son herramientas válidas para lograr el cumplimiento de los objetivos misionales y de los fines del Estado. […] [A]unque como máxima autoridad administrativa el Ejecutivo puede formular políticas para orientar la contratación pública, en especial, la de las entidades que hacen parte del sector central, aquellas deben estar en concordancia con el marco jurídico aplicable, sin que le sea posible imponer restricciones o limitaciones que el legislador no ha contemplado expresamente."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 05001-23-33-000-2022-01420-02(70530)_20250404 de 2025

Contratos de prestación de servicios de salud bajo la modalidad de pago por capitación no son susceptibles de liquidación mediante acto administrativo. "Si bien es cierto que el Decreto 4747 de 2007 en su artículo 27 dispuso que, todos los acuerdos de voluntades que se celebren entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de los servicios de salud en el marco del SGSSS, con independencia de la naturaleza jurídica de las partes, deberán ser liquidados o terminados a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su vencimiento, tal norma no establece expresa ni implícitamente que la liquidación de estos contratos pueda tener origen en una manifestación de voluntad unilateral de uno de sus suscribientes, como tampoco alguna otra aplicable a los contratos que suscitan la controversia […]. Así mismo, pese a que el recurrente afirmó de forma general que a los contratos liquidados le aplicaban los principios de la función administrativa, la gestión fiscal y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ninguno de esos principios, ni el régimen aludido, conducen a considerar que la ESE demandada estuviese facultada para establecer motu proprio el balance financiero definitivo de los contratos por capitación de forma vinculante frente a la EPS contratante. Aunque los principios de la función administrativa irradian los procesos contractuales de las entidades estatales con regímenes especiales, tanto en la etapa precontractual como en la contractual, su aplicación debe hacerse reconociendo ese carácter de principio, esto es, guía de interpretación y aplicación de la ley y el contrato, pero no como norma que prevenga la asignación de una prerrogativa de poder público. […] Aunque la celebración de los contratos por capitación comporta la ejecución de recursos públicos de naturaleza parafiscal y fiscal, así como la realización de objetivos superiores, como el de garantizar el goce efectivo de un derecho fundamental, el legislador sometió expresamente su régimen a las normas de contratación entre particulares y a las reglas especiales del SGSSS, ninguna de las cuales otorga a las partes el derecho a liquidarlo unilateralmente, sin que la naturaleza de los recursos involucrados en el pago y el objetivo de prestar el servicio público esencial de la seguridad social en salud, que confieren un carácter especial e instrumental a este tipo de contratación, permitan justificar el desconocimiento de su régimen jurídico y la transgresión del acuerdo de voluntades que se erige como ley para las partes."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2023-00139-00(70313)_20241004 de 2025

Son nulas las directrices de Colombia Compra Eficiente impartidas en el numeral 16.2 de la Circular Externa única, que extienden la prohibición de ley de garantías electorales a la celebración de los contratos interadministrativos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de la citada ley. "[S]i el legislador no diferenció al instituir la prohibición o la restricción, mal haría el reglamento en aplicar un efecto expansivo o extensivo para incluir una categoría no cobijada con la limitación, por cuanto esa ampliación de la restricción desborda el marco reglamentario y, en últimas, modifica el contenido y alcance de la ley, por cuanto cobija con la proscripción un tipo de negocio jurídico que el legislador no contempló expresa e inequívocamente. […] [L]os contratos y convenios interadministrativos tienen contenidos y alcances disímiles, como lo ha puesto de presente la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación y esta Sección en múltiples pronunciamientos; por consiguiente, la circunstancia de estar sometidos al mismo procedimiento de selección (contratación directa) no es razón suficiente para generar o justificar su equiparación, menos aún con efectos expansivos en materia restrictiva o prohibitiva. […] [C]on independencia del propósito loable o plausible de la disposición ya que, procura que no se usen los recursos estatales para incidir o afectar la contienda electoral, no cabe duda de que la entidad demandada incorporó en la prohibición una categoría que no quedó comprendida expresa e inequívocamente en la ley, razón suficiente para invalidar parcialmente el acto demandado porque desconoció las normas en que debió fundarse […]. [L]a norma demandada no solo contraviene el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 sino también el principio de legalidad previsto en el artículo 6 de la Constitución Política, así como también las garantías de legalidad y de tipicidad ínsitas en el derecho constitucional fundamental del debido proceso reglado en el artículo 29 Superior. […] [S]in embargo, esta declaración de nulidad no limita o interfiere con las restricciones a la contratación pública previstas en el artículo 33 ibidem, las cuales se mantienen incólumes por ser un precepto legal vigente y que fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1153 de 2005, por lo tanto, está amparado del atributo de la cosa juzgada constitucional […]."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-36-000-2015-00795-02(69348)_20250819 de 2025

Los gastos asumidos por la prestación de servicios de salud durante el periodo que tardan los trámites de retiro voluntario y traslado de afiliados no representan un daño antijurídico para las EPS. "[L]a prestación de ese servicio por parte de la EPS-S a sus afiliados era una obligación que debía soportar […], en atención a lo dispuesto en las siguientes normas que regulan la materia: a) De conformidad con el artículo 48 y 49 de la Constitución Política, el artículo 4 de la Ley 100 de 1993 y la normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la EPS-S estaba obligada a garantizar la prestación de salud en el Departamento del Amazonas. b) El inciso primero del artículo 18 del Decreto 515 de 2004 establece que "cualquier Entidad que administre el régimen subsidiado, podrá retirarse voluntariamente, siempre y cuando haya informado su decisión a la Superintendencia Nacional de Salud con una anticipación no inferior a cuatro (4) meses y con un plan de información claro que garantice el traslado de los afiliados a otra entidad. DURANTE ESTE LAPSO, LA ENTIDAD QUE SE RETIRA ESTÁ OBLIGADA A GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS A LOS AFILIADOS" (resalta la Sala). c) Asimismo, el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 dispone que las EPS, incluidas las del régimen subsidiado, deben cumplir funciones indelegables de aseguramiento, lo cual incluye la administración del riesgo financiero, gestión del riesgo en salud, articulación de servicios para garantizar el acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud. d) Por otra parte, es claro que el artículo 16 del Acuerdo 415 de 2009 preceptúa que será obligatorio garantizar la continuidad de la prestación de servicios de salud y que el retiro voluntario no puede ser una excusa para no hacerlo, pues, solo será efectivo una vez se haya garantizado la continuidad del aseguramiento por parte de la otra EPS-S a la que se haya trasladado a los afiliados. e) Además, el término de 120 días previsto en el artículo 49 del Acuerdo 415 de 2009 no es un plazo para que la Superintendencia acepte el retiro, sino para que la EPS-S informe su intención de hacerlo; en este punto es importante resaltar que, contrario a lo concluido por la primera instancia, la referida normativa no establece un término perentorio, sino un trámite que debe cumplirse para aceptar el retiro voluntario, el cual, en el presente asunto, fue adelantado por las entidades demandadas sin que pueda considerarse que incurrieron en dilación injustificada por la que pueda imputárseles la causación de un daño antijurídico, el cual, se itera, no se probó."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 17001-23-33-000-2012-00192-02(62088)_20250519 de 2025

Aumento de la tarifa del IVA no justifica por sí solo la reducción de la base para el cálculo del valor de los contratos de concesión de juegos de suerte y azar. "[P]ara los efectos de la determinación de los derechos de explotación del juego de apuestas permanentes o chance, […] el Decreto 1350 de 2003 estableció que "Se entiende por ingresos brutos el valor total de las apuestas registradas en los formularios oficiales del juego". No obstante, […] el inciso segundo del artículo 14 del referido decreto, dispuso que "[e]n ningún caso, el impuesto sobre las ventas formará parte de la base para el cálculo de los derechos de explotación". […] [L]a Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular 17 del 7 de julio de 2005 […], cuyo contenido fue incluido en la Circular Única Externa No. 047 del 30 de noviembre de 2007. Dichas circulares […] resultan obligatorias frente a las entidades territoriales y los concesionarios del juego de apuestas permanentes o chance en virtud de lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 2 del Decreto Reglamentario 3535 de 2005 […]. [M]ediante el mecanismo de ingresos brutos mínimos proyectados como base para calcular los pagos a cargo del operador, el Estado traslada al concesionario el riesgo comercial o de mercado, esto es, aquel vinculado a la eventual diferencia entre las estimaciones del valor de las apuestas y los ingresos efectivamente recaudados. […] Esta distribución normativa del riesgo justifica que, conforme a la Circular Externa 17 de 2005, las partes no puedan modificar libremente los ingresos mínimos proyectados ni, por esa vía, reducir los montos que el concesionario debe pagar como derechos de explotación. En el caso concreto, las partes vulneraron estas reglas imperativas al reducir los ingresos mínimos previstos en el estudio de mercado del otrosí 1 -que, por definición reglamentaria, excluyen el IVA- con base en el incremento de la tarifa de ese impuesto. Como resultado, disminuyeron sin autorización y por su sola voluntad las sumas que debía recibir la Dirección Territorial de Salud. Si bien es cierto que un aumento en la tarifa del IVA puede incidir indirectamente en la demanda […], ello no justificaba automáticamente alterar los ingresos mínimos proyectados conforme a las normas citadas. Dicho en otras palabras, la variación en la tarifa del impuesto no justificaba, por sí sola, la modificación de los ingresos mínimos proyectados, pues cualquier ajuste en ese sentido requería observar el procedimiento y cumplir las exigencias previstas en el Decreto 3535 de 2005 y en las Circulares Externas 17 de 2005 y 047 de 2007."

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2024

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11001-03-24-000-2022-00394-00(69826)_20241010 de 2024

Declara la excepción de cosa juzgada en relación con la pretensión de nulidad de la directriz contenida en la directiva presidencial 8 de 2022 que prohibía la vinculación de contratistas que previamente hubieren suscrito otro contrato de prestación de servicios con otra entidad pública. Niega las pretensiones de nulidad en contra del aparte que invita a las demás ramas del poder público, y a las entidades territoriales, a evaluar la adopción de las directrices de dicha Directiva, y disponer dentro de su planeación actividades que permitan la austeridad del gasto, en el marco de su competencia, porque el actor "no indicó qué normas fueron violadas por esos apartados de la Directiva y, por ende, tampoco desarrolló el concepto de su violación."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 88001-23-33-000-2013-00094-02(62227)_20240219 de 2024

Contratista vinculado para la prestación del servicio de salud actúa en representación de la Administración por lo que esta debe ser llamada a responder patrimonialmente por los daños causados. "[C]uando la Administración contrata la prestación de un servicio público, en este caso la prestación de los servicios de salud es como si la ejecutara directamente. […] Por tal razón, la Administración -sin que por eso pierda la actividad el carácter de público-, debe acudir a la colaboración de sus contratistas para el cumplimiento de ciertos cometidos de servicio. La colaboración con los contratistas no vuelve privada esa actividad, como no le quita el carácter de público a la labor o servicio prestado. Esa colaboración por participación cuando es voluntaria, caso del cocontratante de la administración cuya actividad tienda a la prestación o ejecución de un servicio público, hace a este particular partícipe ocasional de la función pública no en calidad de agente o funcionario sino como un órgano más de la gestión estatal. En otros términos, el contratista de la administración no se vuelve agente suyo; es ella misma la que actúa, pues éste actúa en nombre de aquélla. Hay aquí una ficción de orden legal, pues ni siquiera puede hablarse de que la entidad contratante responda en forma indirecta por el hecho del contratista. No, la responsabilidad es simplemente directa, así como lo es la responsabilidad estatal por el hecho de un funcionario o empleado público. […] [N]o obstante que todo comportamiento o conducta estatal es obra de un servidor público, en principio, el Estado es el responsable de las consecuencias dañosas de ese comportamiento. Responsabilidad que en todos los casos es directa, no indirecta, a pesar de que el perjuicio se haya producido por la actuación de una persona vinculada a la administración, la que no es propiamente un mandatario o representante del Estado, sino órgano suyo, integrante en esta calidad de la estructura misma del ente estatal. […] […] [L]a llamada a responder patrimonialmente por el daño causado a los demandantes es el ente territorial demandado, dado que [la] IPS, en su calidad de contratista para la prestación de los servicios de salud en el Hospital […], actuó como administrador, y como tal, en representación del mismo ente territorial […], el cual tiene a cargo la prestación del servicio de salud en su territorio. De otra parte, es menester precisar que la función que la ley asigna a las IPS las convierte en guardianas de la atención que prestan a sus clientes, por lo que habrán de responder de manera solidaria si se demuestran en el proceso los demás elementos de la responsabilidad a su cargo […]."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 08001-23-31-005-2012-00493-01(61749)_20240923 de 2024

La culminación del proceso liquidatorio de una empresa sin el trámite de conmutación pensional no configura una omisión en las funciones de vigilancia, inspección y control encomendadas a las Superintendencias cuando hay insuficiencia de recursos para el pago del pasivo pensional. "[E]l artículo 11 del Decreto 1260 de 2000 […], cuyo incumplimiento aluden los demandantes en el recurso de apelación, tan solo otorgaba a ese ministerio la facultad de ordenar la normalización pensional, siempre y cuando encontrara fundada la solicitud elevada, en este caso, por los trabajadores y pensionados del hospital, sin que la falta de ejercicio de aquella potestad en forma oficiosa […] representara para esa entidad alguna omisión en sus funciones de vigilancia y control respecto del trámite de normalización pensional que, tal como se indicó en la resolución que declaró terminada la existencia legal del hospital, quedó sin definir por la carencia de recursos con que contaba el liquidador para cubrir el pasivo pensional de la institución de salud intervenida. Es que, incluso, aun cuando en este evento a la Superintendencia Nacional de Salud le correspondía, conforme al artículo 12 del Decreto 1260 de 2000, autorizar el mecanismo que eligiera el hospital para la normalización de su pasivo pensional […], lo cierto es que […] la carencia de recursos y la falta de definición de la pensión del vejez del ISS por la mayoría de pensionados, fueron situaciones sin relación con los incumplimientos que los accionantes le endilgan a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio del Trabajo. En este punto es de la mayor importancia traer a colación lo previsto en los artículos 6 y 7 del Decreto 1260 de 2000 -aplicables al caso-, conforme a los cuales la obligación de realizar la conmutación pensional estaba supeditada a la existencia de recursos económicos, luego no se trata de un trámite inexorable cuando se carece de liquidez. […] De modo que, aunque el proceso liquidatorio del hospital terminó sin un mecanismo de normalización pensional, la falta de trámite de este mecanismo, lejos de obedecer a una omisión en las funciones de vigilancia, inspección y control encomendadas a la Superintendencia de Salud y al Ministerio del Trabajo, correspondió en últimas, como se ha venido explicando, a la ausencia de recursos para cubrir el pasivo pensional de la institución intervenida."

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2023

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11001-03-24-000-2022-00393-00(69231)_20230222 de 2023

Suspenden provisionalmente directiva presidencial que prohíbe la vinculación de contratistas que previamente hubieren suscrito otro contrato de prestación de servicios con otra entidad pública. "[R]evisado el compendio de normas de orden legal que regulan la contratación estatal […] no se encuentra una limitación o condicionamiento para celebrar un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión que se justifique en la insuficiencia de personal de planta como la creada a través de la Directiva Presidencial No. 008 de 2022, consistente […] en la imposibilidad para las entidades de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional de celebrar este tipo de contratos con personas naturales que previamente hubieren suscrito otro u otros contratos de prestación de servicios con cualquier otra entidad pública. […] En cambio, lo que se encuentra es que, refiriéndose a todo tipo de contratos de prestación de servicios -incluidos los de apoyo a la gestión- en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se dispuso de manera expresa que "[e]stos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados", es decir, que una de las hipótesis que previó el legislador como habilitante para celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, entre ellos, los de apoyo a la gestión, se da, justamente, por insuficiencia de personal de planta para el desarrollo de una determinada labor, sin ningún condicionamiento adicional, como el de no tener ya la condición de contratista de servicios del Estado. Con base en lo anterior, de manera preliminar y para lo que debe resolverse en esta providencia, el Despacho encuentra que en el aparte demandado del inciso 4º de numeral 1.1 del Directiva Presidencial No. 08 de 2022 el Presidente de la República creó una incompatibilidad consistente en que una persona natural no pueda celebrar y ejecutar dos o más contratos de prestación de servicios de manera simultánea o concomitante, cuando al menos uno de ellos sea de apoyo a la gestión y esté justificado en la insuficiencia del personal de planta de una entidad del orden nacional de la Rama Ejecutiva del poder público para desarrollar una determinada labor. […] [S]e encuentra, preliminarmente, que el ejecutivo se arrogó una competencia que no le corresponde, puesto que, por tratarse de medidas limitativas de derechos y libertades, la regulación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Estado corresponde de manera privativa al Constituyente y al Congreso de la República."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 55085 de 2023

Se unifica la jurisprudencia en relación con la acción procedente para solicitar la indemnización de los daños derivados de los actos que resuelven solicitudes de recobro por servicios de salud no incluidos en el POS. "La Corte Constitucional dejó en claro, al estudiar si el último apartado del artículo 13 [del Decreto-Ley 1281 de 2002] era inconstitucional […], que el legislador -extraordinario- creó un procedimiento administrativo especial y que, en lo no regulado y en tanto fueran compatibles, debía acudirse a las disposiciones del CCA. Estimó que el trámite de recobro ante el Fosyga era de "naturaleza pública administrativa" pues, aunque la administración del fondo hubiera sido asignada a un encargo fiduciario de carácter privado, las actuaciones del administrador fiduciario se regían por el derecho público, ya que este cumplía "funciones administrativas en relación con recursos públicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud con los que se atienden obligaciones inherentes al mismo". […] A partir de [las modificaciones introducidas por el artículo 111 del Decreto-Ley 19 de 2012] no puede decirse que se haya alterado la "naturaleza" del "procedimiento administrativo especial" de recobro, que por mandato legal se debía adelantar ante el Fosyga, ni de los "actos" expedidos por el administrador fiduciario. Ese artículo -y en particular [el parágrafo 1]-, al regular los requisitos excepcionales para el reconocimiento de los recobros ante el Fosyga -en unos eventos específicos-, no previó las condiciones para hacer la reclamación por vía judicial. […] [L]a Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de señalar que la decisión definitiva del administrador del Fosyga -sobre las solicitudes de recobro por concepto de suministro de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no incluidos en el POS, autorizados por el Comité Técnico Científico o por fallos de tutela- es un acto administrativo. En consecuencia, la acción procedente para solicitar la responsabilidad de los daños derivados de las decisiones del administrador fiduciario del Fosyga, frente a las solicitudes de recobro por servicios de salud no incluidos en el POS, es la nulidad y restablecimiento del derecho. La acción de reparación directa no puede interponerse sin límite, ni restar -por su uso indiscriminado- eficacia a las demás acciones contenciosas. Esta sentencia busca garantizar la unidad de interpretación respecto de la acción procedente para solicitar la responsabilidad derivada de las decisiones del administrador fiduciario del Fosyga. Por ello, será referente para resolver todas las controversias en curso a las que les aplique el régimen legal que fue estudiado en el fallo."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 85001-23-33-000-2014-00075-01(55018)_20231120 de 2023

Profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud cuya experiencia se computa a partir de la inscripción o registro profesional, corresponde a las de aquellos profesionales que deben registrarse en el sistema de información del talento humano en salud (ReTHUS). "De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 4192 de 2010, […] y de conformidad con la Ley 1164 de 2007, las profesiones del área de la salud "[s]on aquellas acreditadas a través de título profesional otorgado por una Institución de Educación Superior reconocida por el Estado, con un perfil orientado a hacer parte integral de la atención de la salud, en los procesos de promoción, educación, información de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, a través de actos caracterizados por la autonomía del profesional y su relación con el usuario". La misma norma define el Registro Único Nacional del Talento Humano RETHUS como "la inscripción del talento humano en salud en el sistema de información definido para tal fin por el Ministerio de la Protección Social", y en él, según información publicada por el Ministerio de Salud, deben inscribirse las personas que tengan las siguientes profesiones (de nivel universitario): Bacteriología, enfermería, fisioterapia, fonoaudiología, gerontología, instrumentación quirúrgica, medicina, nutrición y dietética, odontología, optometría, psicología, terapia ocupacional, terapia respiratoria y química farmacéutica. Como se puede ver, en parte alguna se menciona la Microbiología con Énfasis en Alimentos, razón por la cual no se puede pregonar de esta profesión su sujeción a lo dispuesto por el artículo 229 del Decreto 019 de 2012, en cuanto el momento a partir del cual se contabiliza la experiencia profesional para las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, lo que significa que […] dicha experiencia se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior. En tales condiciones, en relación con la profesional [C.S.C.], se le debió tener en cuenta como experiencia profesional toda la que hubiera acreditado a partir de la terminación de sus estudios […]. A diferencia de lo concluido en relación con la anterior profesional […], en el caso de [D.C.M.A.] no se acreditó la experiencia mínima requerida […]. [S]u profesión de Nutricionista Dietista sí hace parte de las relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, tal y como se constató al referir aquellos profesionales que, según el Ministerio del ramo, deben registrarse en el sistema de información del talento humano en salud (ReTHUS) […]."

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2022

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 76001-23-31-000-2010-01727-02(66340)_20220830 de 2022

Consentimiento informado, cirugía reconstructiva - Complicaciones postoperatorias - El consentimiento informado va más allá de la suscripción de un documento, al médico se le exige que no limite este importante acto al diligenciamiento de un formato. También es deber del juez verificar si por otros medios probatorios se logra determinar la existencia del consentimiento informado, definido como aquella obligación de carácter legal que tiene un médico de explicar a su paciente, en forma clara, completa y veraz, su patología y opciones terapéuticas, con la exposición de beneficios y riesgos. La jurisprudencia actual de esta Corporación ha sostenido que, por regla general, el título de imputación aplicable en asuntos médico-sanitarios es el de falla probada del servicio, lo que implica que el demandante, además de acreditar el daño, debe necesariamente probar la falla del acto médico (el desconocimiento de la lex artis) y el nexo causal entre este y el daño, sin perjuicio de que el juez pueda, de acuerdo con las circunstancias, optar por un régimen de responsabilidad objetiva

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 13001-23-31-000-2006-00610-01(52191)_20220719 de 2022

Procede declarar la responsabilidad por falla en el servicio médico con fundamento en el indicio grave al establecerse la inexistencia de historia clínica. "[O]bra en el expediente: i) el resumen de la historia clínica del paciente en el Hospital […] y ii) los documentos allegados dentro el proceso disciplinario […] adelantado por la pérdida de dicha historia clínica […]. Sin embargo, se advierte que estos documentos son insuficientes para acreditar si la atención prestada por el Hospital […] fue adecuada o no, porque no dan cuenta de las circunstancias en la que esta tuvo lugar. […] A estos efectos, se advierte, además, que la pérdida de la historia clínica […] impidió practicar pruebas adicionales con las que se pretendía dar por probada la falla del servicio […]. En este sentido, se observa que la historia clínica del Hospital […] era necesaria para dilucidar si dicha entidad había incurrido en una falla del servicio. Al efecto, es menester poner de presente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 15 de la Resolución 1995 de 1999, la custodia de la historia clínica está a cargo del prestador de los servicios de salud y debe ser conservada por un periodo mínimo de 15 años contados a partir de la fecha de la última atención. El incumplimiento de los deberes de conservación y custodia de la historia clínica, suponen un flagrante desconocimiento de la ley, circunstancia que constituye por sí sola un indicio de falla que genera una inversión de la carga probatoria, en [los] términos expuestos por esta Sección en sentencia del 14 de septiembre de 2017. Aunado a lo anterior está probado, mediante indicios, que existe una probabilidad preponderante que dicha entidad hubiera incidido en la producción del resultado dañino […]. Por ello, se concluye que el Hospital […] incurrió en una falla del servicio […], pues la actitud renuente que se observó para la remisión de la historia clínica es un hecho indicativo de que no se observó una buena praxis médica, lo cual no fue desvirtuado por la parte demandada, pues bajo esa omisión se oculta la realidad de la atención al paciente y solo se evidencia aquello que conviene al centro asistencial tratante, error u omisión de la cual no puede sacar provecho la demandada para descargar el juicio de responsabilidad. Según lo expuesto, se itera, el daño antijurídico es imputable al Hospital […], pues esta entidad infringió el deber de custodia que tenía sobre la historia clínica del paciente y, además, porque con dicho incumplimiento se acreditó un hecho indicativo de la existencia de falencias en la atención médica […], lo cual no fue desvirtuado por la parte demandada en el presente proceso."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 13001-23-31-000-2006-01527-01(51372)_20221216 de 2022

Daños ocasionados en procedimientos médicos que implican la manipulación de elementos peligrosos pueden ser imputados a la Administración bajo un régimen de responsabilidad objetiva. "[L]a jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, por ejemplo, en casos de daños generados por la utilización de elementos o instrumentos que suponen un peligro para el paciente […] puede examinarse la responsabilidad del Estrado bajo la óptica de responsabilidad objetiva [Sentencia del 25 de enero de 2017, Rad. 36816A]. En estos casos, […] quien alega haber sufrido un hecho dañoso deberá acreditar […] el daño y el nexo causal, sin que en tal evento resulte necesario acreditar que la entidad accionada actúo de manera indebida y-o negligente. Por su parte, la parte demandada podrá eximirse única y exclusivamente probando que el daño ocurrió como consecuencia de una causa extraña [Sentencias del 29 de noviembre de 2007, Rad. 2002-00070; del 11 de junio de 2014, Rad. 27089; del 25 de junio de 2014, Rad. 30583; del 13 de agosto de 2020, Rad. 47772; y del 2 de junio de 2021, Rad. 51012]. […] Según lo expuesto, se advierte que […] en el curso de la cirugía […], el "electrobisturí", cuya placa aislante reposaba en la pierna derecha de la paciente, prendió ´fuego a las sábanas que se encontraban en la camilla, lo cual ocasionó quemaduras de segundo y tercer grado en el pie derecho de la paciente, quien no pudo moverse por estar con medio cuerpo cubierto y tener sus extremidades inferiores bajo anestesia. […] [N]o es posible atribuir el daño una falla probada del servicio de la entidad accionada, pues no se acreditó cuál fue la causa del incendio y, por tanto, la obligación que esta incumplió cuando prestó atención médica a [la demandante]. De hecho, no se logró determinar cuál fue el defecto en que incurrió en el transcurso de la praxis médica […]. No obstante, como quiera que los hechos probados dan cuenta que las intervenciones quirúrgicas a las cuales se sometió [la demandante] implicaban la manipulación de un instrumento peligroso, se parte también de la premisa que en el presente caso es factible aplicar el título de atribución de carácter objetivo […]. No en vano la jurisprudencia reiterada de la Corporación ha sido enfática en manifestar que en los eventos en los que el daño es producido por el ejercicio de actividades o cosas peligrosas, el régimen aplicable es objetivo, porque el factor de imputación se deriva de la realización directa de una actividad o del desempeño de un objeto que entraña peligro […]."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 73001-23-31-000-2011-00439-01(48147)_20220304 de 2022

Las obligaciones que surgen en desarrollo del servicio médico son de medio y no de resultado, y la responsabilidad por los daños causados en desarrollo de dicha actividad debe ser atribuida a la Administración, por regla general, a título de falla del servicio. "La jurisprudencia actual de esta Corporación ha sostenido que, por regla general, el título de imputación aplicable en asuntos médico-sanitarios es el de falla probada del servicio, lo que implica que el demandante además de acreditar el daño debe necesariamente probar la falla del acto médico (el desconocimiento de la lex artis) y el nexo causal entre este y el daño, sin perjuicio de que el juez pueda, de acuerdo con las circunstancias, optar por un régimen de responsabilidad objetiva. […] Así las cosas, confrontado lo dispuesto en la [Guía para la Atención Clínica Integral del Paciente con Dengue del Instituto Nacional de Salud y la Organización Panamericana de Salud] con la atención brindada al paciente, referenciada en la historia clínica y los testimonios, concluye la Sala que el manejo dado al menor fue el correcto […]. Así las cosas, se evidencia que la atención brindada al paciente se ajustó al protocolo médico establecido […]; sin embargo, como lo advierte el Instituto Nacional de Salud en su guía, en algunos casos "el dengue puede cursar con una evolución desfavorable, deterioro clínico y muerte, a veces en pocas horas", como ocurrió en este caso. […] Todo lo anterior evidencia que en este caso la parte actora no probó, como le correspondía, que el hospital demandado hubiera incurrido en una falla del servicio médico, ni mucho menos demostró que la muerte del menor hubiera sido determinada por alguna actuación del centro médico -nexo-, pues como se vio, el curso de la enfermedad fue atípico y provocó el desenlace fatal que dio origen a este proceso, a pesar de los esfuerzos médicos realizados. En este punto de la sentencia, la Sala debe recordar que las obligaciones que surgen en desarrollo de la actividad médico-sanitaria a cargo de la Administración son de medio y no de resultado, por lo que la prestación exigible es la aplicación de las técnicas idóneas y pertinentes en función de la práctica médica (lex artis ad hoc), sin que pueda aceptarse una responsabilidad basada en la sola producción del daño."

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 85001-23-31-000-2007-00125-01(47549)_20220204 de 2022

EPS deben responder por los daños que tienen origen en fallas del servicio médico asistencial, sin que les sea permitido eximirse con fundamento en el cumplimiento de sus propios deberes. "[L]a defensa de [la] EPS no solo debió haber estado dirigida a demostrar el cumplimiento de sus funciones, sino que también debió argumentar y probar que las clínicas a través de las cuales prestaba y garantizaba los servicios de salud le brindaron al paciente el tratamiento médico que requirió y que el mismo se ajustó a los protocolos médicos y a la lex artis. En efecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que las EPS, al ser las encargadas directas de la prestación del servicio de salud de sus afiliados, también deben responder por la inapropiada prestación del servicio médico de los profesionales adscritos a la clínica, quienes actúan en su representación […]. Conforme a lo anterior y, comoquiera que en primera instancia quedaron probadas las negligencias médicas que determinaron la muerte del menor […], la única conclusión que de ello se puede derivar es que la responsabilidad de [la] EPS también se vería comprometida […]. Si bien, lo anterior evidencia de manera directa que la responsabilidad de la entidad apelante sí se encuentra acreditada y que cualquier análisis relacionado con el cumplimiento de sus funciones no tendría la fuerza suficiente para lograr su exoneración […], la Sala, con el fin de dar una respuesta íntegra al cargo planteado por [la] EPS, […] observa que, […] para la época de los hechos la [IPS] prestaba los servicios de salud de los afiliados de [la] EPS y, por la otra, que, entre estas, no existía un contrato que garantizara el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, al punto que dicho centro médico ni siquiera contaba con una base de datos consolidada de los usuarios de la EPS y solo atendían a quienes eran remitidos con un "papel". […] Todo lo anterior revela la existencia de una falla del servicio de [la] EPS en el cumplimiento de sus funciones como entidad promotora de salud, la cual debe ser declarada, no solo por la reparación del daño, sino también porque una de las finalidades de este título de imputación subjetiva es el adecuado funcionamiento de la autoridad demandada y la prevención del daño antijurídico, máxime cuando se trata de una entidad que tiene como obligación garantizar los derechos fundamentales a la salud y la vida de sus afiliados."

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2021

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2011-00967-01(50751)_20210521 de 2021

Las condiciones que suspenden la condonación de los créditos otorgados a las empresas sociales del Estado con el objeto de apoyar sus procesos de reestructuración y operación, deben cumplirse observando su tenor literal. "La demandante… [a]dujo que el fundamento central de la decisión consistió en que… incumplió su obligación de presentar oportunamente el informe de cumplimiento de compromisos y metas…, [lo que] suponía, materialmente, un reconocimiento oficioso de la excepción de contrato no cumplido…, [y destacó] que la presentación del informe no era un requisito fundamental para la evaluación de las condiciones establecidas en la matriz de "condonabilidad"… [Para la Sala,] la naturaleza y los efectos de la condonación de los créditos otorgados a las empresas sociales del Estado no se reguló en la Ley 917 de 2004 ni en el Decreto 2681 de 1993; por lo tanto, en esta materia deben aplicarse las reglas del derecho común… [Como en el convenio de desempeño] no se hizo ninguna distinción de grado o importancia sobre las condiciones a las que se sometió la condonación de las cuotas del empréstito…, el juez no puede suplir, alterar o adicionar la voluntad del sujeto activo de la relación negocial… En segundo lugar, tratándose de condiciones suspensivas, debe aplicarse el canon previsto en el artículo 1541 del Código Civil… En este caso, una de las condiciones no se cumplió literalmente en la forma convenida, pues el deudor que podía beneficiarse con la remisión de su pasivo cumplió defectuosa y tardíamente uno de los compromisos que adquirió en virtud del convenio de desempeño… La gravedad del incumplimiento de las obligaciones de una parte y su aptitud para imposibilitar la ejecución de las prestaciones de la otra es uno de los requisitos necesarios para que se estructure la excepción de contrato no cumplido… [L]a condonación, en tanto acto jurídico dispositivo del acreedor con eficacia extintiva, no participa de la naturaleza de un contrato bilateral, ni impone obligación alguna al sujeto activo. Por esta razón, las consideraciones atinentes a la gravedad del incumplimiento de una de las condiciones potestativas a las que se sometió la remisión de la obligación de pagar la primera cuota del empréstito otorgado por la Nación carecen de trascendencia en la solución del caso"

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 41001-23-31-000-2004-01067-01(50017)_20210319 de 2021

Acatamiento del protocolo de atención, y descuido de los padres del paciente, impiden atribuir responsabilidad a un hospital en sede de reparación directa. "[E]l manejo dado al paciente estuvo de conformidad con el protocolo establecido para esos casos, pues los profesionales de la Salud concluyeron luego de valorar inicialmente al menor en el servicio de urgencias del hospital demandado que no era necesaria su remisión inmediata a un hospital de tercer nivel, dado que la lesión no era de gravedad, amén de que en ese centro hospitalario se contaba también con el servicio de médicos especialistas, por lo cual se procedió a limpiar y a suturar la herida, se la vendaron y le prescribieron analgésicos y antibióticos y le ordenaron curaciones diarias intrahospitalarias, pero éstas no fueron acatadas por los padres del menor, pues sólo fue llevado a los tres días cuando la herida estaba infectada y, a pesar de ello, lo volvieron a llevar once días después, pero cuando ya quedaba muy poco por hacer por parte de los profesionales de salud que lo atendieron, salvo remitirlo inmediatamente a un hospital de tercer nivel de atención… [L]a amputación de parte de su dedo, no se produjo como una supuesta atención médica defectuosa o porque era necesaria la remisión inmediata a un hospital de tercer nivel, sino a una omisión de sus propios padres consistente en no llevar al menor al hospital para la realización de las curaciones diarias que le fueron prescritas, hecho imputable exclusivamente a los padres del menor. Adicionalmente, no obra en el proceso elemento de convicción alguno que permita inferir que al paciente debían practicársele tratamientos distintos o prescribirle otro tipo de medicamentos diferentes a los que le fueron suministrados por la institución demandada, ni mucho menos que la remisión a un hospital de tercer nivel tuviera que hacerse de forma inmediata, pues lo cierto es que el Hospital contaba con médicos especialistas para ese tipo de heridas"

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2020

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 50001-23-31-000-2012-00122-01(63631)_20201204 de 2020

Alcance y finalidad de las medidas adoptadas por la SNS en el marco de una intervención forzosa administrativa. Carga probatoria de la falla del servicio. "[D]e acuerdo con las disposiciones de la Ley 1122 de 2007…, en concordancia con las normas del estatuto orgánico del sistema financiero… se observa que existen modalidades o grados de intervención administrativa y que no toda medida de intervención implica la obligación de liquidar la entidad vigilada ni la de inhabilitación para continuar operando o la imposición de la cesión de sus contratos. Tampoco la intervención conlleva necesariamente un procedimiento concursal al que se convoque a todos los acreedores ni altera las reglas de pago de los contratos… [E]l proceso carece de pruebas que permitan determinar las visitas administrativas u otras actuaciones que llevaron a la toma de posesión y las actividades que se desarrollaron en la intervención, es decir que… la demandante… no solicitó ni obtuvo las pruebas para establecer las supuestas omisiones administrativas reseñadas en la demanda… [N]o se determinaron ni acreditaron las causales que habría justificado la medida de liquidación reclamada por la parte actora o la de cesión de los contratos, menos aún se puede establecer que esa esas medidas, de haberse adoptado, habrían conllevado el pago a las demandantes… Asiste la razón al Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud al advertir que dentro de sus funciones no se encuentra la de garantizar o pagar las deudas de las empresas promotoras de salud o de las administradoras de riesgos subsidiados… Un evento distinto, no probado en este proceso, hubiera sido el daño causado por la destinación de los recursos del sistema de riesgo subsidiado a otros fines distintos del pago de obligaciones ciertas a las prestadoras del servicio que obraron como demandantes, en el caso de haber sido advertido y tolerado por los agentes del Estado"

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-2005-01529-01(51673)_20200803 de 2020

Pretensión declarativa de cumplimiento de un contrato de aseguramiento de población afiliada al régimen subsidiado. Carga probatoria de saldos a favor. "Para la Sala es claro que la pretensión de declaratoria de cumplimiento de la propia demandante… está encaminada… a la verificación…, en particular, [de] la observancia de las obligaciones del contrato necesarias para evidenciar la existencia de un saldo a favor de la demandante… Si la demandante pretendía el reconocimiento de sumas de dinero que en su criterio quedaron pendientes de pago, tenía la carga de demostrar cuáles fueron los pagos recibidos y cuáles los que quedaron pendientes, y demostrar el cumplimiento de los presupuestos contractuales necesarios para exigir el pago… Bajo el entendido que [la ARS] reclama el valor completo del Contrato…, aunque se admitiera que la demandante demostró el cumplimiento de los requisitos para el primer pago anticipado (acreditación de red prestadora, entrega de listados de afiliados, carnetización, programa de promoción y prevención) , se echan de menos los soportes que prueben el cumplimiento de los requisitos para la exigibilidad de los pagos restantes (informes de carnetización y reporte de novedades para los bimestres siguientes). Tampoco aportó los soportes de los pagos efectuados a las IPS durante el término de ejecución del Contrato… [T]enía la carga de demostrar el valor pendiente de pago por concepto de la ejecución del contrato… La Sala no puede tener como prueba de este valor el acta de liquidación que la demandante le propuso al Municipio y el estado de cuenta elaborado por el jefe administrativo y financiero de [la ARS]... De ambos documentos, emanados de la parte demandante, es posible advertir que el cruce de cuentas del Contrato exige determinar contablemente, entre otras, las novedades relacionadas con los afiliados (fallecimientos, nacimientos, carnetización), fuentes de financiación del contrato, el cálculo de la modalidad de contratación por capitación (UPC), y el concepto del pago parcial efectuado por el Municipio"

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 76001-23-31-008-2005-04843-01(46869) de 2020

La Sala concluyo que tratándose de la caducidad en asuntos de reparación directa por fallas del servicio médico-sanitarios así: i) El término de caducidad es constitucional, garantiza la seguridad jurídica. ii) No existe términos de caducidad que se prolonguen indefinidamente en el tiempo. iii) Cumplir con la demanda en tiempo constituye una carga procesal del demandante, cuya desatención genera consecuencias negativas. iv) La regla general es que el cómputo del plazo de los dos años inicia a partir del día siguiente a la fecha de ocurrencia del hecho u omisión generadora del daño. v) El término de caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión causantes del daño cuando el paciente y sus familiares no conocen la existencia del mismo, con independencia de que ya se hubiere materializado el hecho dañoso. En estos casos, el cómputo del plazo de caducidad inicia a partir del día siguiente a la fecha en que el paciente y sus familiares conocieron la ocurrencia del daño

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2010-00281-01(45650) de 2020

Una EPS solicitó se le indemnice, a título de daño especial, el desequilibrio económico que a su juicio padece por el tiempo que tiene que esperar a que el Fosyga le reembolse los pagos de medicamentos y servicios médicos no incluidos en el POS. Los procedimientos administrativos que regulan los recobros ante el Fosyga persiguen el fin legítimo de establecer que se trate de verdaderas deudas a cargo de la administración. En observancia del principio de celeridad y de los principios de eficiencia y de oportunidad de que trata el artículo 1 del Decreto-Ley 1281 de 2002, es que el procedimiento administrativo reglamentado implica que se deban presentar las respectivas facturas y que, con posterioridad a su radicación, la administración realice la respectiva verificación en un plazo razonable, en el cual se debe realizar una revisión jurídica, médica, administrativa y financiera de los soportes, lo que hace que, del justificado plazo, no se pueda desprender la conformación de un daño especial, como lo sostuvo la sociedad demandante en su recurso. En el asunto bajo juicio no se configura un daño anormal, considerable, superior al que normalmente deben tolerar el resto de las personas, pues es evidente que dicha intervención se erige, si acaso, como una aligerada consecuencia necesaria, derivaba de la lógica misma del procedimiento que debe sobrellevar el titular del derecho

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 05001-23-31-000-2010-01324-01(45113) de 2020

Tratándose de la caducidad en asuntos de reparación directa por fallas del servicio médico sanitarios, es posible concluir: i) El término de caducidad es constitucional, por cuanto garantiza la seguridad jurídica. ii) No es posible que existan términos de caducidad que se prolonguen indefinidamente en el tiempo. iii) Cumplir con la demanda en tiempo u oportuna constituye una carga procesal del demandante, cuya desatención genera consecuencias negativas. iv) La regla general de caducidad es que el cómputo del plazo de los dos años inicia a partir del día siguiente a la fecha de ocurrencia del hecho u omisión generadora del daño. v) No obstante, ese término de caducidad no se cuenta desde la ocurrencia del hecho u omisión causantes del daño cuando el paciente y sus familiares no conocen la existencia del mismo, con independencia de que ya se hubiere materializado el hecho dañoso (v.gr. trasfusiones de sangre contaminada, oblitos quirúrgicos, entre otros). En estos eventos, el cómputo del plazo de caducidad inicia a partir del día siguiente a la fecha en que el paciente y sus familiares conocieron la ocurrencia del daño, esto es, lo pudieron representar

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 18001-23-31-002-2004-00256-01(44933)_20200907 de 2020

Indicio de responsabilidad del hospital en proceso de reparación directa. Allegar al proceso una historia clínica ilegible. "[D]e las pruebas obrantes en el expediente se deduce que la muerte… se produjo como consecuencia de una infección contraída luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el hospital; se infiere que dicha infección habría podido evitarse si le hubiesen impartido instrucciones acerca de las estrictas condiciones de higiene que debía seguir y se le hubieran suministrado antibióticos adecuadamente… [E]l Hospital… incurrió en una conducta procesal que constituye indicio de responsabilidad y que además impide establecer si el comportamiento de los médicos que intervinieron en la atención del paciente fue adecuado: el carácter ilegible de la historia clínica allegada al proceso… De conformidad con los artículos 36 y 47 de la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud…, los profesionales médicos que se encargaron de la atención del paciente tenían el deber de registrar de forma clara la atención médica brindada al paciente… Nadie discute que la imputación del daño a las acciones u omisiones de los agentes que atendieron al paciente… debe ser acreditada por la parte demandante y que para ello resulta indispensable aportar un dictamen médico que lleve a la convicción al juzgador de que ello fue así. Pero la carga de suministrar de forma clara y legible la información que permita realizarlo, que es la que debe registrarse en la historia clínica, le incumbe -de acuerdo con la ley- a la demandada. Por tal razón, su incumplimiento constituye un indicio grave de su responsabilidad. El artículo 242 [CPC] les impone a las partes "el deber de colaborar con los peritos, de facilitarles los datos, las cosas… que ellos consideren necesarios para el desempeño de su cargo" y dispone que el incumplimiento de este deber "se apreciará como indicio en su contra"

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 05001-23-31-000-2003-01541-01(44215) de 2020

La historia clínica constituye un documento de vital importancia cuando se trata de determinar la responsabilidad de la entidad demandada por la atención o el servicio prestado a un paciente. Se trata de un documento elaborado unilateralmente por la demandada razón por la cual, así pueda considerarse como una información suministrada por una parte interesada, y pueda estimarse como un documento en el que ella tiene la oportunidad de dar su explicación de lo ocurrido, se tiene como un recuento fidedigno de las circunstancias en las que se prestó la atención médica, mientras sus aseveraciones no sean contradichas, con su análisis detallado o con otros medios de prueba. Las omisiones y desprolijidades en la confección de la historia clínica son un elemento de convicción fundamental en la dilucidación de la responsabilidad del centro asistencial, cuyas carencias no pueden ser salvadas por declaraciones testimoniales tardías provenientes de dependientes de la demandada

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19001-23-31-000-2008-00348-01(44174) de 2020

El Consejo de Estado condenó a Caprecom por no haber suministrado cuidados paliativos a una comerciante de Popayán que sufría un cáncer terminal y que murió el 27 de agosto del 2007 en su lugar de domicilio. La alta corte determinó que no hay lugar a reparar a los allegados de la mujer con ocasión de su muerte, que era un hecho irresistible, pero sí a resarcirlos de los daños ocasionados por no haberle practicado los procedimientos paliativos que le permitieran morir en condiciones de dignidad. Aun cuando no hubo una omisión que se considerara como causante de la muerte, que era inevitable, sí es evidente que no se le brindó el tratamiento paliativo, lo que constituye una falla en el servicio, consistente en privarla de la posibilidad de tener mejores condiciones de vida mientras se producía su deceso. Si bien es cierto que no había lugar a reparar a los demandantes por la muerte de la afiliada la EPS demandada sí debe hacerlo por las omisiones que llevaron a que la paciente falleciera en medio de severas condiciones respiratorias

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 85001-23-33-000-2016-00290-01(AP) de 2020

Tanto la construcción con materiales de baja calidad de la sede de la IPS Hospital Local del municipio de Paz de Ariporo, como también su falta de mantenimiento durante la época de los hechos de la demanda vulneraron la integridad, administración y ejecución eficiente y responsable del patrimonio público. El cierre de los puestos y centros de salud sin la adopción de medidas eficaces que compensaran la ausencia casi permanente de ese primer nivel de atención, en un contexto de baja densidad poblacional, de una limitada oferta y accesibilidad a los servicios de salud y de barreras y carencia de vías de acceso entre las veredas y el centro urbano del Municipio, implicaron vulneración del derecho colectivo de la población rural al acceso a los programas que componen una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública a través de instalaciones y-o esquemas telemáticos de organización dispuestos para el efecto. Se constituye también la vulneración del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y a que estos se presten eficiente y oportunamente puesto que, tratándose del servicio público y derecho fundamental a la salud, por una parte, no es posible separar los elementos de disponibilidad y accesibilidad; y, de otro lado, los criterios de eficiencia y oportunidad en su prestación inevitablemente resultan impactados, dada la ausencia casi permanente del primer nivel de atención en la zona rural de dicha entidad territorial y la afectación consecuente de los usuarios

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 18001-23-33-000-2013-00216-01(AG) de 2020

La Sección declaró la responsabilidad del Ministerio de Justicia, la USPEC y el INPEC, por los daños derivados del hacinamiento y la inhumanidad a que fueron sometidas las mujeres en la Cárcel El Cunduy. La Sala declaró que el hacinamiento fue en sí mismo un trato, cruel, inhumano y degradante. Que en este caso, redujo el espacio vital de las internas a unos 2 m2. El hacinamiento en este caso iba acompañado de condiciones de precariedad extrema en temas vitales para las internas como las necesidades fisiológicas y biológicas. Su condición de mujeres no fue neutral en la producción del daño, porque estuvieron sometidas a un impacto diferencial y agravado en el contexto penitenciario, que supuso una violación intensa y particular de su dignidad humana. La Sentencia reconoció dos tipos de perjuicio inmaterial: el perjuicio moral y el perjuicio a derechos constitucionalmente protegidos. Ambos deben ser indemnizados a cada mujer. La Sala advirtió que esa indemnización respondió al rigor del perjuicio que padecieron como mujeres, y reiteró que los padecimientos y sacrificios a que fueron sometidas, en ese sistema penitenciario masculinizado, perturbaron aspectos exclusivos de su género e identidad, que no podrían ser reparados a los hombres en idénticas circunstancias

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2019

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 17001-23-31-000-2009-00325-01(49389) de 2019

La práctica médica debe evaluarse desde una perspectiva de medios y no de resultados, lo que lleva a entender que el galeno se encuentra en la obligación de practicar la totalidad de procedimientos adecuados para el tratamiento de las diversas patologías puestas a su conocimiento, procedimientos que, por regla general, conllevan riesgos de complicaciones, situaciones que, de llegar a presentarse, obligan al profesional de la medicina al agotamiento de todos los medios a su alcance, conforme a la lex artis, para evitar daños mayores y, de así hacerlo, en ningún momento se compromete su responsabilidad, incluso en aquellos eventos en los cuales los resultados sean negativos para la salud del paciente, a pesar de haberse intentado evitarlos. Es importante recordar que la imputación fáctica del daño y la falla del servicio no pueden ser analizadas desde una perspectiva ideal, crítica o abstracta del funcionamiento del servicio, sino que requieren ser estudiadas desde un ámbito real que consulte las circunstancias de tiempo, modo, lugar y capacidad operativa o funcional de la administración pública al momento de la producción del daño

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19001-23-31-000-2004-01442-01(47917) de 2019

El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental no supone una obligación de resultado para el prestador del servicio, por ello la carga de la prueba recae en quien demanda, no obstante, ésta se modera con la admisión de la prueba indirecta de la falla en la prestación del servicio médico o del nexo causal. Esta Corporación ha consolidado una posición en materia de responsabilidad del Estado por la prestación del servicio de salud, en virtud de la cual aquella es de naturaleza subjetiva; es la falla probada del servicio la que hace posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica y hospitalaria, de suerte que, en términos generales, es carga del demandante acreditar la falla propiamente dicha, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre aquella y este

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 05001-23-31-000-2004-06213-02(43179) de 2019

Definición del oblito quirúrgico. Falla probada en la prestación del servicio de salud. La Jurisprudencia de la Sala ha considerado como "oblito quirúrgico", aquel consistente en una mala ejecución de los cuidados médicos o quirúrgicos que constituyen una culpa o falla probada en la prestación de servicios de salud, toda vez que los hechos hablan por sí solos. Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que el solo hecho de olvidar un elemento en el cuerpo de un paciente, es constitutivo de falla en la prestación del servicio médico, por cuanto ello solo denota el descuido con el que se llevó a cabo la intervención y la entidad demandada solo podría exonerarse acreditando que actuó con diligencia y que operó una causa extraña. En los casos de oblito quirúrgico, basta con demostrar que el objeto extraño no se encontraba en el cuerpo del paciente antes de ser intervenido

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2005-01794-01(40916) de 2019

Daño derivado de diagnóstico tardío. Se condenó al Ministerio de Salud y Protección Social a pagarle más de 185 millones de pesos a la familia de una mujer que murió tras sufrir una peritonitis, provocada por el tratamiento irregular de un posoperatorio por parte de la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento. Según el Consejo de Estado, si se hubiera realizado una valoración y un diagnóstico oportunos, se habría podido corregir con mayor prontitud el daño ocasionado por la intervención quirúrgica, lo que si bien no constituye una garantía de que no hubiera muerto, sí implica la pérdida de una expectativa con la que contaba la paciente para sanar. La pérdida de esta oportunidad da lugar a una falla en el servicio médico, y de ahí la necesidad de que la entidad demandada repare el daño causado a los familiares de la paciente fallecida. Para que la administración pueda ser declarada responsable de los daños ocasionados por el ejercicio de la actividad médica hospitalaria, el demandante tiene la carga de demostrar que el servicio no se prestó adecuadamente, bien porque no fue oportuno, o porque no cumplió con los protocolos y estándares de calidad fijados por la ciencia médica al momento de la ocurrencia del hecho dañoso, salvo en lo relativo a los deberes que tienen que ver directamente con el servicio y cuyo cumplimiento depende enteramente del prestador, al margen de la condición y evolución de la salud del paciente, como los relativos al acto médico documental y, en especial, al consentimiento informado, y al suministro de la información necesaria para que el paciente propenda por su autocuidado, caso en el que corresponde al servicio médico demandado demostrar su cumplimiento

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2005-00503-01(40159) de 2019

Contrato de aseguramiento. Para la administración de los recursos del régimen subsidiado de salud -provenientes del FOSYGA y de otras fuentes previstas en la norma-, el artículo 215 de la Ley 100 de 1993 les asignó a las entidades territoriales, a través de las direcciones locales, distritales y departamentales de salud, la función de suscribir contratos de aseguramiento en salud con las Entidades Promotoras de Salud -EPS- encargadas de afiliar a los beneficiarios. La obligación para las entidades territoriales, y especialmente para los municipios, de contratar el aseguramiento y administración del régimen subsidiado de salud, también quedó plasmada en el artículo 44.2.3. de la Ley 715 de 2001. Conforme a lo anterior, no sobra destacar que el objeto de los contratos de aseguramiento para la administración del régimen subsidiado en salud propende por el cumplimiento de los fines del Estado y la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, de ahí que la revocatoria de la habilitación otorgada a Caprecom, aunada a la falta de acreditación de los demás requisitos, era título suficiente para entender que la entidad demandada no se encontraba "obligada a suscribir un contrato, cuya ejecución, probablemente, no podía garantizar"

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2018

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2007-00668-01(43030)A de 2018

¿Hay lugar a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación Ministerio de la Protección Social por los daños que hubiera podido causar por la supuesta tardanza en cumplir con la obligación consagrada en el artículo 9 del Decreto 3554 de 2004, esto es, el expedir el manual de las BPMH? La sociedad actora insistió ampliamente en que resultó perjudicada por la demora en la expedición del manual de las BPMH, sin embargo, no precisó con claridad los daños que esa situación le habría causado. Ahora bien, del conjunto del libelo introductorio, se desprende que dichos daños serían los consistentes en: i) haberse visto en la imposibilidad de explotar la capacidad productiva instalada con miras a la exportación de sus productos, así como la de producir medicamentos inyectables; y ii) haberse encontrado en una situación de desventaja comparativa frente a los laboratorios homeopáticos extranjeros, quienes podían certificarse en las BPMH con base en las formalidades de su país de origen. La demandante adelantó el trámite previsto en el parágrafo 2 del artículo 67 del Decreto 3554 para obtener el registro sanitario de 57 de los medicamentos fabricados, por lo que, a falta de medios de convicción que demuestren lo contrario, se entiende que continuó normalmente con la elaboración de los mismos, como se lo permitía el régimen de transición establecido en la norma citada

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 17001-23-31-000-2005-00914-01(38243) de 2018

Tanto la Ley 100 de 1993 como el Acuerdo 77 de 1997 establecieron que los contratos de aseguramiento en salud se regirían por el derecho privado, no es menos cierto que dicha contratación estaba sujeta a requisitos y condiciones especiales previstos en todo el ordenamiento relativo al SGSS, ya que la finalidad de tales contratos no se circunscribía a que se materializara la voluntad privada de las partes, sino a la garantía de unos derechos reconocidos a la población pobre y vulnerable, beneficiaria de los subsidios del sistema de salud en cuyo marco se celebraron los negocios jurídicos. No está obligado el municipio a renovar contratos de aseguramiento en salud con una empresa que carece de los elementos básicos para funcionar. Se declara la nulidad del acto administrativo, emitido por el municipio de Belalcázar, por medio del cual se declaró la terminación unilateral de los contratos interadministrativos para la administración de los recursos del régimen subsidiado, por haberse expedido sin motivación y con violación de los derechos de defensa y debido proceso que se le debieron garantizar a Caprecom. De la nulidad no se desprende el restablecimiento de derecho toda vez que, a la luz de las normas que regulaban el régimen subsidiado de salud en la época de los hechos, Caprecom no reunía los requisitos para continuar administrando los subsidios en el municipio demandado y no estaba autorizada para operar ninguno de los dos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 08001-23-31-000-1997-12327-01(38228) de 2018

En relación con la prestación eficiente, adecuada y oportuna del servicio médico, esta Corporación ha sostenido: "Ahora bien, en jurisprudencia que se reitera, la Sala, ha considerado que son imputables al Estado los daños sufridos por los pacientes a causa de la falta de un servicio médico eficiente, adecuado y oportuno por cuanto ésta constituye un daño autónomo. Al respecto vale la pena transcribir: En síntesis, el Estado es patrimonialmente responsable de los daños que se deriven de la omisión en la prestación del servicio médico o de su prestación deficiente, cuando tales daños se producen como consecuencia de esa omisión o deficiencia, pero también es responsable del daño aún en eventos en los que no se demuestra esa relación causal, pero queda acreditado que se vulneró el derecho que tenía el paciente a recibir un servicio médico oportuno y eficaz, utilizando todos los medios técnicos y científicos de los que deben disponer las entidades médicas estatales, de acuerdo a su nivel de complejidad, o no se remite oportunamente al paciente, a un centro de mayor nivel, en tanto esa desatención constituye un daño autónomo, que debe ser reparado

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2017

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 85001-23-33-000-2013-00087-01(52839) de 2017

Responsabilidades institucionales derivadas de la prestación de atención inicial de urgencia. Redes y empresas prestadoras del servicio médico de urgencias. Empresas públicas y privadas. Frente a la prestación del servicio de salud mediante la atención de urgencias, el Decreto 412 de 1992 reglamentó los servicios de urgencias bajo disposiciones aplicables a todas las entidades prestarías de servicios de salud, públicas y privadas, todas ellas obligadas a prestar la atención inicial de urgencia, independientemente de la persona solicitante del servicio. Entonces, frente a la atención inicial de urgencia, el mencionado Decreto refirió en su artículo 4º la responsabilidad de las entidades de salud para supeditarla al nivel de atención y grado de complejidad que a cada entidad le determinara el Ministerio de salud y la fijó desde el momento de la atención hasta que el paciente fuera dado de alta o, en el evento de remisión, hasta el momento en que el mismo ingresara a la entidad receptora

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 54001-23-31-000-1999-00762-01(47375) de 2017

La imputación de responsabilidad se deriva de la conducta del personal médico de la Clínica del ISS, toda vez que se encuentra acreditado el comportamiento negligente y descuidado de ésta, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones respecto del análisis clínico de sangre con miras a descartar la presencia de enfermedades transmisibles, entre ellas la del VIH omisión que llevó a que el paciente fuera infectado con sangre contaminada con VIH, luego de una trasfusión sanguínea. Cuando a la Administración Pública se le ha impuesto el deber jurídico de evitar un resultado dañoso, aquella asume la posición de garante en relación con la víctima, razón por la cual, de llegarse a concretar el daño, éste resultará imputable a la Administración, por el incumplimiento de dicho deber. El daño a la salud es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios cuando el daño proviene de una lesión corporal, toda vez que dicha denominación comprende toda la órbita psicofísica del sujeto y está encaminada a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de las personas. En cuanto a la forma de tasar la indemnización de dicho perjuicio, éste consta de un componente objetivo, en el cual tiene que ver con la magnitud de la lesión y otro subjetivo, encaminado al análisis de las consecuencias que dicho menoscabo causa en cada individuo

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 76001-33-31-018-2004-01658-01(47247)A de 2017

Procesos judiciales relacionados con la responsabilidad del ISS en liquidación. La Sección Tercera de esta Corporación se ha referido a los procesos judiciales en donde el ISS -en liquidación- es responsable de la prestación del servicio público esencial de salud, de la siguiente forma: "En relación con los procesos de naturaleza pensional la ley se encargó de definir la entidad encargada de asumir -vía sucesión procesal- la defensa judicial de la entidad liquidada, así como el pago de las condenas judiciales, esto es, COLPENSIONES, como nueva empresa encargada de la administración del régimen de prima media." No ocurre lo mismo respecto de los procesos judiciales relacionados con la responsabilidad del ISS en liquidación, derivados de la prestación del servicio público esencial de salud, así como los de naturaleza contractual, puesto que la ley guardó silencio sobre esta materia. De modo que, se advierte una evidente omisión legislativa que permite que sea el juez el encargado de definir, a través de la aplicación de los principios y el sistema de integración normativa, cuál (sic) es la solución idónea que se debe darse (sic) al problema jurídico planteado". Adicionalmente, con ocasión de la terminación de la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, el Ministerio de Salud y Protección Social suscribió el acta final en la que se adoptaron medidas del cierre y se le asignó a FIDUAGRARIA la función de construir un patrimonio autónomo de remanentes destinado a atender los procesos judiciales arbitrales y administrativos en los cuales sea parte, tercero interviniente o litisconsorte el Instituto de Seguros Sociales en liquidación

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2004-01763-01(42496) de 2017

Frente a supuestos en los cuales se analiza si procede declarar la responsabilidad del Estado como consecuencia de la producción de daños provenientes de la atención médica defectuosa, se ha retornado a la teoría clásica de la falla probada; esta Corporación ha señalado que es necesario efectuar el contraste entre el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado, de un lado, y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto, de otro. En cuanto a la falla médica, en algún momento se prefirió el régimen objetivo, sin embargo, en la actualidad se moderó esa tesis, pues no es un régimen de tal naturaleza el que permite analizar la imputación de un caso del talante del que se estudia, sino uno subjetivo con flexibilización frente al rigor de la prueba de la falla. La posición de la Corporación en esta época, a la par que la de la doctrina autorizada, se orienta en el sentido de que la responsabilidad médica, en cada caso estudiado, debe analizarse bajo el tamiz del régimen de la falla probada, lo que impone no sólo la obligación de probar el daño del demandante, sino, adicional e inexcusablemente, la falla por el acto médico y el nexo causal entre ésta y el daño

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 27001-23-31-000-2008-00188-01(40562) de 2017

De los indicios habrá que decirse que su naturaleza enseña que es un medio de prueba, que tiene un vehículo, un objeto de prueba y que conlleva una valoración; de igual forma, que sus elementos son: i) el hecho indicador, que debe estar probado; ii) la inferencia lógica, que es la razonabilidad del argumento y que debe estar en grado de hipótesis y tesis, mas no de sospecha o conjetura, aunado a la lógica; y iii) el hecho indicado, que es la conclusión, un hecho nuevo, claro, contundente y sin dudas, que debe valorarse armónicamente con los demás indicadores, pruebas o elementos. La Sala ha acogido el criterio según el cual, para demostrar el nexo de causalidad entre el daño y la intervención médica, los indicios se erigen en la prueba por excelencia, dada la dificultad que en la mayoría de los casos se presenta de obtener la prueba directa. Indicios para cuya construcción resulta de utilidad la aplicación de reglas de la experiencia de carácter científico, objetivo o estadístico, debidamente documentadas y controvertidas dentro del proceso

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-2005-00882-01(39907) de 2017

La jurisprudencia ha sido reiterada en destacar que la práctica médica debe evaluarse desde una perspectiva de medios y no de resultados, razón por la cual los galenos están en la obligación de realizar la totalidad de procedimientos adecuados para el tratamiento de las patologías puestas a su conocimiento, procedimientos que, como es natural, implican riesgos de complicaciones, que, de llegar a presentarse, obligan al profesional de la medicina, de conformidad con la lex artis, a agotar todos los medios que estén a su alcance para evitar daños mayores y, de así hacerlo, en ningún momento se compromete su responsabilidad, incluso en aquellos eventos en los cuales los resultados sean negativos o insatisfactorios para la salud del paciente

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 27001-23-31-000-2008-00226-01(39520) de 2017

La Jurisprudencia de la Sala ha considerado como "oblito quirúrgico", aquel consistente en una mala ejecución de los cuidados médicos o quirúrgicos que constituyen una culpa o falla probada en la prestación de servicios de salud. Entendemos por oblito quirúrgico aquellos casos en los cuales, con motivo de una intervención quirúrgica, se dejan olvidados dentro del cuerpo del paciente instrumentos o materiales utilizados por los profesionales intervinientes. Por lo común los elementos olvidados son instrumental quirúrgico (pinzas, agujas, etc.) y, más frecuentemente, gasas o compresas. Este tipo de irregularidades quirúrgicas - a veces justificadas - por lo general ocasionan un daño al paciente, quien con seguridad deberá como mínimo someterse a una nueva intervención al solo efecto de la extracción del material olvidado. Estos supuestos, en consecuencia, se han transformado en frecuente causa de responsabilidad civil médica, por lo que han sido objeto de tratamiento por la doctrina en forma reiterada

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2009-00692-01(39422) de 2017

Después de la creación del ISS mediante la Ley 90 de 1946 cuyo objeto era contribuir a la seguridad social para que diera protección contra los riesgos biológicos y económicos; se dispuso que estarían sujetos a seguro social obligatorio, entre otros, los trabajadores nacionales y extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo o de aprendizaje, prestaran sus servicios a un patrono de carácter particular, siempre que no fueran expresamente excluidos por la ley. El CST dispuso, además que estaban a cargo del patrono aquellas prestaciones sociales contenidas en el Capítulo XIII y que estas dejarían de estar a cargo del empleador, mientras entrara en funcionamiento el ISS y que esa entidad subrogaría al patrón en el pago de algunas prestaciones sociales, entre otras, el riesgo de invalidez, vejez y muerte. Entonces, a pesar de no existir norma que subrogue específicamente los art. 11, 12 y 13 de la Ley 50 de 1886, si existe una subrogación del sistema de recompensas establecido por esta, lo que significa que es obligación de todos los empleadores y de los trabajadores, salvo los exceptuados explícitamente por la ley, afiliarse al Sistema de Seguridad Social y cotizar para los riesgos por éste cubiertos

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 27001-23-31-000-2005-00795-01(38434) de 2017

La responsabilidad del Estado por cuenta de daños derivados de intervenciones médicas se compromete bajo el régimen de la falla probada del servicio con las consecuencias probatorias que le son propias. Quien alegue que existió una falla o un defecto en la prestación del servicio médico asistencial, debe demostrar que la atención no cumplió con estándares de calidad fijados por el estado del arte vigentes en el momento de la ocurrencia del hecho dañoso, o que el servicio médico no fue cubierto en forma diligente, esto es, que no se prestó con el empleo de todos y cada uno de los medios humanos, científicos, farmacéuticos y técnicos que se tenían al alcance, es decir, los elementos que permitan concluir que es atribuible a aquélla y no a eventos extraños. En el caso de los daños que hayan podido causarse con ocasión de una atención gineco-obstétrica, definida esta como "la rama de la medicina que se ocupa principalmente del embarazo, parto y los fenómenos posteriores al alumbramiento, hasta la involución completa del útero", en estos eventos, la parte demandante no queda relevada de probar la falla del servicio, sólo que el hecho de que la evolución del embarazo hubiera sido normal, pero que el proceso del alumbramiento no hubiera sido satisfactorio constituye un indicio de dicha falla

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 73001-23-31-000-2005-02402-01(37454) de 2017

En cuanto al régimen de responsabilidad derivado de la actividad médica, la Sección ha establecido que el régimen aplicable es el de falla del servicio, realizando una transición entre los conceptos de falla presunta y falla probada, en la actualidad la posición consolidada de la Sala en esta materia la constituye aquella según la cual es la falla probada del servicio el título de fundamento bajo el cual es posible configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica hospitalaria. En el mismo sentido, partiendo del análisis del caso en el marco de la falla probada del servicio como título de imputación, en la medida en que el demandante alega que existió una falla del servicio médico asistencial que produjo el daño antijurídico por el cual reclama indemnización. Cuando la falla probada en la prestación del servicio médico y hospitalario se funda en la "lesión al derecho a recibir atención oportuna y efica", se debe observar que está produce como efecto la vulneración de la garantía constitucional que recubre el derecho a la salud, especialmente en lo que hace referencia al respeto del principio de integridad en la prestación de dicho servicio

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2003-02133-01(36816)A de 2017

Dentro del ejercicio de la actividad médica existen varios escenarios en cuales resulta posible predicar la existencia de un régimen objetivo de responsabilidad, se ha precisado que éstos pueden ser entre otros, aquellos eventos que implican la manipulación de cosas peligrosas, o que el procedimiento o el tratamiento empleado entrañe peligro, pero siempre y cuando la herramienta riesgosa cause el daño de manera directa o por ella misma, pues si la lesión es producto de una ejecución irregular del acto médico, aunque medie un instrumento que represente peligro o riesgo, el caso específico estará regido por la responsabilidad subjetiva o culposa. Aun cuando no se acreditó irregularidad alguna o conducta negligente por parte del personal médico, no resulta suficiente para liberar a la institución médica demandada de responsabilidad -daños por la utilización de instrumentos potencialmente peligrosos-, bajo un régimen de responsabilidad objetivo, habida cuenta de que fue una quemadura con uno de tales instrumentos -electro bisturí-, la que le produjo el daño al paciente, y no puede resultar ajeno o externo a la prestación del servicio médico por parte de la entidad demandada. \ Para determinar la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta, necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivas -actuación dolosa-, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual incurriría y el daño que podría ocasionar y aun así no lo hizo o confió imprudentemente en poder evitarlo -actuación gravemente culposa

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-2001-00746-01(36738) de 2017

El manejo dado por la jurisprudencia contencioso administrativa a los asuntos relativos a la responsabilidad médica, deben ser tratados como una responsabilidad extracontractual, con base en el artículo 49 de la C. Política, el cual planteó que la atención de la salud es un servicio público a cargo del aparato estatal, y además a la circunstancia de que se estima que los pacientes de los hospitales son usuarios de un servicio del Estado. Se ha sostenido que en la responsabilidad médica se aplica jurisprudencialmente la falla probada del servicio, sistema considerado inicialmente tanto para los errores hospitalarios como para los yerros médicos, y pese a los cambios de las posiciones del Consejo de Estado, ha retomado el régimen en cita, inclusive en los casos obstétricos, que venían tratándose bajo una responsabilidad de resultado. El fundamento principal consistió en que la teoría de la carga dinámica de la prueba para decidir los casos de responsabilidad administrativa por la actividad médica traía mayores dificultades que soluciones y que con la aplicación de la falla presunta se marginaba del debate probatorio cuestiones de especial relevancia, por ende, la responsabilidad médica sería estudiada nuevamente con fundamento en la regla de prueba de la falla probada, para lo cual tomaría gran importancia la prueba indiciaria

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 17001-23-31-000-2000-00645-01(25706) de 2017

Para determinar si se está en presencia de un daño de pérdida de oportunidad, es necesario establecer que el titular de la expectativa legítima se encontraba, para el momento en que ocurre el hecho dañino, en una situación de incertidumbre de recibir un beneficio o una ventaja esperada, o de evitar un perjuicio indeseado. La oportunidad debe encontrarse en un espacio caracterizado por no existir certeza de que su resultado habría beneficiado a su titular, pero tampoco en el que sólo exista la conjetura de una mera expectativa de realización o evitación. Si se tiene certeza sobre la materialización del resultado final, no es posible hablar del daño consistente en la pérdida de oportunidad sino de la privación de un beneficio cierto, o si se trata de una mera conjetura o ilusión, tampoco habría lugar a la configuración de una oportunidad por no tener la intensidad suficiente para convertirse en una probabilidad razonable de alcanzarse o evitarse. Así, el requisito de la "aleatoriedad" del resultado esperado tiene enormes incidencias en el plano de la indemnización, ya que si se trata de la infracción a un derecho cierto que iba a ingresar al patrimonio de la víctima o frente al cual se debía evitar un menoscabo, su indemnización sería total, mientras que si el truncamiento es solo respecto de la expectativa cierta y razonable de alcanzar o evitar un resultado final, la posibilidad truncada sería indemnizada en menor proporción

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-41-000-2014-01449-01(AG)A de 2017

No se puede pasar por alto que la Corte Constitucional ha señalado que las cifras de muertes y desapariciones de militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica durante los años 1985 a 1992, constituyen prueba de la presunta persecución política adelantada en contra de sus miembros durante varios años. En estas circunstancias, la Sala considera que se encuentra ante una presunta grave violación a los derechos humanos que puede encajar en un delito de lesa humanidad, cuyo juzgamiento en materia de reparación no está sometido a la regla general de la caducidad, pues existe una norma del ius cogens según la cual el paso del tiempo no impide el acceso a la administración de justicia para solicitar la reparación integral de los daños generados por tales actos inhumanos. Conforme a lo anterior, por tratarse de un caso en el que existen supuestas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, puede deducirse que para efectos de admitir la demanda de la referencia no es necesario contar con las fechas exactas en las que se perpetraron algunos de los actos invocados en la demanda -homicidios, desplazamientos, masacres, entre otros-, pues conforme a los precedentes jurisprudenciales en los asuntos que involucren presuntas violaciones que constituyan crímenes de lesa humanidad, no es oponible la caducidad de la acción en razón al carácter especial de las situaciones puestas bajo conocimiento de la jurisdicción, en aplicación del principio de derecho internacional de ius cogens, del cual se deriva que estos asuntos pueden ser juzgados en cualquier tiempo

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2016

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 68001-23-33-000-2015-00422-01(57444) de 2016

Falta de legitimación en causa

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 68001-23-33-000-2015-00144-01(55205) de 2016

Falta de legitimación en la causa. La falta de legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las pretensiones de la demanda, sino que configura un presupuesto anterior y necesario para que se pueda proferir sentencia, en el entendido de que, si no se encuentra demostrada tal legitimación, el juez no puede acceder a las pretensiones. Ahora bien, la falta de legitimación en la causa no es causal de rechazo de la demanda, comoquiera que de conformidad con el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la demanda será rechazada cuando haya operado la caducidad de la acción impetrada, cuando habiendo sido inadmitida no haya sido subsanada en la oportunidad prevista, o cuando el asunto no sea susceptible de control judicial. Por su parte, determinar la existencia de dicha excepción es algo que, según el numeral 6 del artículo 180 de la misma codificación, debe hacerse en la audiencia inicial o en la sentencia, de acuerdo al artículo 187 del citado cuerpo normativo, argumento que de entrada lleva a revocar el auto apelado

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 68001-23-33-000-2014-00287-01(55203) de 2016

Medio de control de nulidad y restablecimiento, cómputo término de caducidad

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2011-00794-01(54239) de 2016

Recurso de queja por negativa a decretar nulidades procesales. Improcedencia

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 81001-23-31-000-2009-00051-01(41262) de 2016

Se condena a EPS por caso de anticoncepción fallida - Programa de planificación familiar. Deber de información y riesgo previsto. La historia clínica de la paciente no revela, en algún momento de las atenciones con fines de planificación familiar, que a la demandante se le hubieran puesto de presente las ventajas, riesgos y eficacia de los distintos métodos anticonceptivos, lo que respalda sin duda la negación indefinida contenida en la demanda y el recurso, de acuerdo con la cual no recibió ninguna información y que se limitó el prestador del servicio a administrarle el medicamento, sin advertirle sobre su porcentaje de efectividad y el margen de error inherente a este, información que también negó conocer \ Considera que en casos de afectación a la libertad reproductiva, el daño moral ha de presumirse. La Sala estima que en el presente caso la afectación moral no solo se desprende de la vulneración a la información a que tiene derecho el paciente, sino también, genera una importante repercusión en el proyecto de vida con sus consecuenciales repercusiones psicológicas y sociales, por lo que amerita una indemnización superior a la reconocida en los referidos eventos \ Se concluye, bajo la anterior perspectiva, que en casos de anticoncepción fallida el responsable no puede ser cargado con los gastos materiales inherentes al nuevo ser, (i) salvo que se haya garantizado al paciente la total eficacia del método ofrecido o (ii) se demuestre que los gastos a asumir son superiores a los que por naturaleza se imponen este tipo de eventos, toda vez que la libertad reproductiva no entraña la garantía de la no reproducción; una conclusión contraria atentaría contra los más básicos principios naturales y biológicos, por lo menos en el estado actual de la ciencia en el que no se ha dotado de una eficiencia del 100% a los métodos anticonceptivos

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 05001-23-31-000-1999-02059-01(40057) de 2016

Aunque no se pueda probar que de haberse iniciado el tratamiento de manera más temprana el paciente no hubiese perdido el ojo, procede la sala a declarar la falla médica, pues la accionada incurrió en una omisión al no haber remitido al paciente inmediatamente al especialista. A juicio de la corporación, está probado el daño, independientemente de que la decisión del médico tratante de no atender el caso de inmediato haya sido la que ocasionó o no el triste desenlace. Según la Sala, se trata de una nueva perspectiva respecto a este tipo de conductas, pues no es necesario probar el nexo causal "entre el daño y el hecho dañino como presupuesto del juicio de responsabilidad para que la víctima pueda acceder al débito resarcitorio"

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2006-01728-01(38815) de 2016

Vigilancia y control de la SNS frente al monopolio rentístico de juegos de suerte y azar. Antes de la expedición del Decreto 4142 de 2011-, en las leyes colombianas se encontraba claramente establecido que una de las razones principales de los juegos de suerte y azar radicaba en la financiación de los servicios de salud. Esta situación generó que se le atribuyera a la Superintendencia Nacional de Salud (como entidad encargada de velar por el adecuado funcionamiento del sector salud), la función de inspección, vigilancia y control sobre los monopolios de loterías, apuestas permanentes y demás juegos de suerte y azar, es decir, ejercer sus funciones de policía administrativa respecto de la empresas encargadas a la administración y operación de dichos juegos. Evidentemente estas funciones buscaban la adecuada destinación de los recursos de los monopolios rentísticos de los juegos de suerte y azar, esto es, que los dineros provenientes de la correcta y proporcionada ejecución de esos juegos fueran utilizados para salud. En definitiva, si bien es cierto que el artículo 45 de la Ley 643 de 2001 le imponía a la Superintendencia Nacional de Salud la obligación de vigilar el margen de solvencia de las empresas operadoras de los juegos de suerte y azar, como en este caso de la Lotería de Córdoba, lo cierto es que no existe prueba dentro del expediente que acredite que esa imposición fue desconocida por la entidad demandada y, menos aún, que el incumplimiento de la misma hubiere sido la causa del daño alegado por la accionante, esto es, el no pago del premio ganado en el sorteo de la Lotería de Córdoba, realizado el 3 de agosto de 2004. Por lo dicho, para la Subsección no puede declararse la responsabilidad administrativa por omisión de la Superintendencia Nacional de Salud

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 85001-23-31-000-2005-00630-01(37387) de 2016

La falla en el servicio de salud se materializa en la falta de un diagnóstico temprano que permite la evolución de enfermedades de fácil tratamiento \ Aun cuando los pacientes abandonen los centros hospitalarios y se pueda pensar en una concurrencia de culpas, el diagnóstico correcto podría cambiar la decisión que desencadena el daño

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19001-23-31-000-2001-01429-01(35116) de 2016

A pesar de que los medios de prueba que militan en el plenario no permiten tener plena certeza de que si el demandado se hubiera ceñido estrictamente al protocolo dispuesto para la atención de traumas craneoencefálicos la víctima hubiera recuperado su salud, es claro que la actuación del cuerpo médico durante la permanencia de la víctima en el centro asistencial demandado excluyen la diligencia y cuidado con que debió actuar y, por lo mismo, es evidente que el paciente perdió la oportunidad de recuperarse y de salir con vida de la situación que padeció

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 13001-23-31-000-2001-01592-01(34578) de 2016

Responsabilidad del Estado por servicio médico asistencial ginecoobstetricia. En lo específicamente relativo al campo de la prestación del servicio de salud, el elemento decisivo para determinar la imputabilidad del daño, tiene que ver con el desbordamiento de lo que el paciente está obligado a asumir. La premisa general consiste en que a este le corresponde soportar la consecuencia directa y exclusiva de la vulnerabilidad y mortalidad propias de la condición humana, así como de la concreción de los riesgos previsibles, conocidos y consentidos del acto médico. Esto último si media su propia voluntad informada y consciente, sobre el posible fracaso terapéutico, el que no ha podido, ni podrá, ser desterrado de toda intervención humana. "Hay añadir que el descuido de la atención ginecológica no solamente no se compagina con la dignidad de la mujer, sino que, en los casos con un componente obstétrico, también resulta seriamente lesivo de los derechos del ser humano esperado y recién nacido. No se olvide, a este respecto, que el obstetra se pone en contacto con el ser humano desde la concepción y que las complicaciones en la gestación, el parto y el puerperio bien pueden repercutir indeleblemente en la vida de una persona"

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2015

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2010-00090-00(40108) de 2015

La Circular Externa 061 de 2010 al restringir la contratación de las FFAA con consorcios violó las normas de la Ley 80 de 1993 (EGCAP). Se condiciona su interpretación en adelante

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 76001-23-31-000-2004-03651-01(35978) de 2015

¿Existió falla en la prestación del servicio médico al no informa al paciente los riesgos que presentaba la respectiva cirugía y con ocasión de la cual le causaron una perforación intestinal? Sí puede hablarse de una falla en la prestación del servicio médico al haberle dado salida a la paciente sin valorar su evolución y, por tanto, sin percatarse de la perforación intestinal que habían ocasionado en el procedimiento, así como, en el hipotético caso de que la perforación intestinal no hubiera ocurrido en el centro asistencial sino horas después, por no dejarla en observación. En consecuencia, habrá lugar a revocar la sentencia recurrida, para declarar la responsabilidad de la entidad demandada por las lesiones ocasionadas a la demandante durante el procedimiento quirúrgico (laparoscopia diagnóstica con liberación de bridas) que le realizaron el 25 de septiembre de 2002, en el Dispensario de la Tercera Brigada del Ejército Nacional

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 08001-23-31-000-2000-03119-01(34921) de 2015

¿Cuando se pretende la indemnización de los daños derivados de la omisión o tardanza de las entidades obligadas a prestar los servicios médicos debe quedar acreditado la existencia de la probabilidad que tenía el paciente de recuperar su salud o preservar su vida? Resulta de gran relevancia distinguir entre el daño que consiste en la pérdida de la ganancia o la materialización del perjuicio que se pretendía evitar (en el caso de la responsabilidad médica, la muerte del paciente o el desmejoramiento de sus condiciones de salud), y el daño que se produce por la pérdida de la probabilidad de obtener ese provecho o de eludir el detrimento. (…) En síntesis, cuando se pretende la indemnización de los daños derivados de la omisión o tardanza de las entidades obligadas a prestar los servicios médicos, debe quedar acreditado no el resultado final de la lesión o enfermedad que originó la solicitud de atención, sino la existencia de la probabilidad que tenía el paciente de recuperar su salud o preservar su vida y que esa expectativa se perdió en forma definitiva como consecuencia de la actuación imputable a la entidad

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 88001-23-31-000-2003-00073-01(32297) de 2015

Se imputa de responsabilidad al hospital por falla del servicio médico al dejar morir un paciente por no proporcionarle los tratamientos necesarios - La Sala Tercera del Consejo de Estado, advierte que si bien, en el caso concreto, no existe una absoluta certeza acerca de si la ausencia de tratamiento oportuno de la patología gástrica del paciente pudiere corresponder a la causa determinante de su deceso, no es menos verídico que dicha omisión excluye la diligencia y cuidado con que debió actuar la entidad para dispensar una eficaz prestación del servicio público y, aunque tampoco existe certeza de que aún si la Administración hubiere actuado con la mencionada diligencia la víctima hubiere recuperado su salud, sí resulta ajustado concluir que si el hospital demandado hubiese obrado de esa manera, no le habría hecho perder al paciente el chance de ser sometido al tratamiento médico indicado para tratar esa patología en procura de su recuperación. En consecuencia, teniendo en cuenta que la actuación de la entidad le mermó oportunidades de sobrevivir a dicho paciente, la Sala declarará la responsabilidad del Hospital por la pérdida de la oportunidad de curación y de continuar con vida

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19001-23-31-000-2001-01372-01(30531) de 2015

Recae sobre las instituciones prestadoras de salud toda las responsabilidad patrimonial cuando omiten brindar a los pacientes el cuidado que estos requieran en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de su estado de salud - El deber de seguridad no sólo se manifiesta en la necesidad de evitar que el paciente sufra accidentes o eventos traumáticos en el curso de la atención médica u hospitalaria, sino también en garantizar que los distintos aparatos, elementos, instrumentos, insumos, fármacos o materiales que son utilizados para la atención de la enfermedad no causen daños a las personas que son beneficiarias de los servicios de las clínicas u hospitales. En especial que las transfusiones de sangre resulten compatibles

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 50001-23-31-000-2002-00375-01(30102) de 2015

La falla del servicio médico reviste con una mayor gravedad cuando se trata de pacientes de menores de edad - Cabe resaltar que la falla del servicio en este reviste una mayor gravedad por tratarse la paciente, de una niña menor de edad, es decir sujeto de especial protección por parte del Estado, toda vez que la Constitución Política de 1991 establece la prelación de los derechos de los niños. La Corte Constitucional en sentencia T-760-08 enfatizó en las medidas de protección especial que se debe a los menores, las cuales deben tener por finalidad garantizar a los niños su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Así se pronunció la Corte frente al derecho a la salud de los menores

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 17001-23-31-000-1998-00667-01(25574) de 2015

¿Se configura falla en el servicio médico cuando la muerte de un paciente es causada por la omisión de registro de información de atención médica primaria de éste? No puede compartir en este caso la Sala el argumento del médico tratante vertido en el recurso de apelación, relativo a que era de mayor importancia atender al paciente que llenar la historia, por cuanto el diligenciamiento completo de ese documento legal constituye una obligación inexcusable para el personal médico, de vital importancia en este caso particular como quiera que lo allí plasmado determinaría el manejo del paciente por parte de la entidad de destino, que recibió al paciente en buenas condiciones, sin signos aparentes de infección y con una herida cerrada de la que no se indicó la necesidad de ser explorada a fondo, ni las condiciones en que se encontraba antes de ser tratada, que permitieran suponerlas o advertirlas a quienes quedaron a cargo de su atención en el Hospital de Caldas. Era previsible para el tratante inicial, que las condiciones de contaminación de la herida podían generar graves consecuencias para el paciente y, sin embargo, no adoptó las medidas a su alcance para prevenirlas, como consecuencia, se presentaron los nefastos resultados para el paciente

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2014

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 08001-23-33-000-2013-00671-01(49787) de 2014

¿Cuál es el cómputo para la caducidad de la acción de reparación directa médico-hospitalaria, paramédico o extramédico? El cómputo del término inicia a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho, omisión u operación que desencadena el daño, lo cierto es que existen dos supuestos en los cuales el citado principio de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal hace que se aligere o aliviane la disposición del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.; estos dos hipótesis son: i) hasta tanto la persona no tenga conocimiento del daño, al margen de que el hecho o la omisión médica se haya concretado en un día distinto o años atrás del momento en que se establece la existencia de la lesión antijurídica y ii) cuando existe un tratamiento médico que se prolonga en el tiempo y respecto del cual se le genera al paciente una expectativa de recuperación. En el segundo escenario el paciente tiene pleno conocimiento del daño pero el servicio médico le brinda esperanzas de recuperación al someterlo a un tratamiento que se prolonga en el tiempo. En este tipo de circunstancias, el conteo de la caducidad no inicia hasta tanto no se haya proferido el diagnóstico definitivo del paciente. \El fenómeno de la caducidad en el C.C.A. y en el C.P.A.C.A

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 88001-23-31-000-2002-00183-01(32600) de 2014

La falta de remisión oportuna al especialista configuró una falla en la prestación del servicio de salud

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2003-00327-01(29923) de 2014

Alcance de Carta Circular 16 de agosto de 2001, alcance meramente publicitario frente a la declaratoria de caducidad contra COMCAJA. Inexistencia de responsabilidad

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 05001-23-31-000-1995-00114-01(29595) de 2014

Criterios para establecer el valor de la pérdida de la oportunidad cercenada por parte de la institución médico hospitalaria - La pérdida de la oportunidad, además de constituir un perjuicio independiente, se estudia y se define desde la imputación fáctica, como el elemento que permite imputar daños, a partir de la aplicación concreta de estadísticas y probabilidades en cuanto a las potencialidades de mejoramiento que tenía la persona frente a un determinado procedimiento u obligación médica que fue omitida o ejecutada tardíamente. En conclusión, la probabilidad que establezca el juez como el valor de la pérdida de la oportunidad cercenada por parte de la institución médico - hospitalaria, será correlativo al valor a indemnizar frente a cada uno de los perjuicios reconocidos por la jurisprudencia, y con base en los montos y criterios fijados por la misma

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 05001-23-31-000-1991-06952-01(29590) de 2014

Consideraciones a fin de garantizar el cumplimiento de los procesos judiciales relacionados con la responsabilidad del ISS en liquidación, derivados de la prestación del servicio público esencial de salud. Corresponderá a la entidad demandada (directamente o por conducto de su agente liquidador) dar cumplimiento pronto y efectivo de la condena acá decretada, de modo que deberá privilegiar la satisfacción de los derechos de las víctimas demandantes en el presente caso de acuerdo a como corresponde a los créditos de primera clase. Los artículos sobre la prevalencia y clasificación de los créditos (arts. 2494 y s.s. del Código Civil) no pueden ser aplicados a los derechos que surgen como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que, por el contrario, han de ser entendidos como obligaciones privilegiadas que, junto con las laborales y las tributarias, se encuentran en primer nivel de prevalencia crediticia y, en consecuencia, su pago se debe efectuar con prioridad sobre las acreencias restantes. Se ordena al Presidente activar los mecanismos propios a efectos de determinar la persona jurídica que asumirá la posición de sucesor procesal del ISS en liquidación

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 28804 de 2014

Unificación jurisprudencial respecto de la liquidación del perjuicio inmaterial en la modalidad de daño a la salud de carácter temporal, con base en una valoración cualitativa del mismo. Igualmente, respecto de la procedencia oficiosa de la declaración de medidas de reparación integral en los casos que evidencian la invisibilidad del trato requerido por la mujer en materia médico asistencial. \Daño a la salud - naturaleza - criterios de conocimiento - prueba de los mismos. Resulta incorrecto limitar el daño a la salud al porcentaje certificado de incapacidad. Se cambia de una concepción primordialmente cuantitativa en donde el criterio de tasación consiste en un porcentaje, a una concepción cualitativa del daño objetivo, en la que lo que predomina es la noción de gravedad de la alteración psicofísica, frente a la cual existe libertad probatoria \Daño temporal a la salud - Se aclara que el carácter permanente de la alteración o la secuela no es requisito esencial para el reconocimiento del perjuicio a la salud. - La Sala abandona definitivamente la tesis de que solo se ha de indemnizar lo que constituya una alteración grave de las condiciones de existencia. En efecto, dado que no es razonable suponer que alguien tenga el deber de soportar la alteración psicofísica de menor entidad, no existe razón para desestimar su antijuridicidad y, por tanto, su mérito indemnizatorio. En conclusión se puede decir que se avanza a una noción más amplia del daño a la salud, que se pasa a definir en términos de alteración psicofísica que el sujeto no tiene el deber de soportar, sin importar su gravedad o duración y sin que sea posible limitar su configuración a la existencia de certificación sobre la magnitud de la misma. \Daño a la salud : aspecto probatorio \Cesárea - su realización innecesaria o su práctica en situaciones en las que la necesidad sobreviene por una causa evitable e imputable a la entidad médica, supone siempre una vulneración al derecho a la salud \Protección de mujer en embarazo -bienes constitucionales protegidos. Reparación integral

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-01924-01(26660) de 2014

¿Es válido el consentimiento otorgado por los familiares del paciente que se encuentre bajo los efectos de la anestesia para que le practique una cirugía adicional a la que ha aceptado someterse? Sí, a juicio de la Sala no resulta sano extremar la exigencia del consentimiento informado a aquellos casos en los que en medio de una intervención quirúrgica de emergencia, en la que el paciente se encuentra anestesiado o inconsciente, y el galeno encuentra que debe hacer un procedimiento adicional para salvar la vida del paciente, tenga que abstenerse de actuar por falta del consentimiento sobre específicamente el procedimiento adicional no previsto en el preoperatorio. Lo anterior por cuanto de radicalizar así la relación medico-paciente se estaría partiendo de la mala fe del profesional de la salud, con el efecto práctico, perjudicial al usuario, de verse involucrado en dos cirugías en vez de una. Lo anterior no obsta para que de ser posible en cada caso los familiares del paciente bajo anestesia o inconsciente, puedan, si están presentes brindar las autorizaciones del caso

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2013

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2001-01343-01(30283) de 2013

¿Las infecciones hospitalarias pueden constituir un eximente de responsabilidad patrimonial de la administración por ser hechos irresistibles? - No, es cierto que los hechos irresistibles, por regla general, no comprometen la responsabilidad patrimonial de la administración en razón a que pueden ser calificados como "casos fortuitos". No obstante, tratándose de las infecciones nosocomiales, la Sala considera, junto con un sector de la doctrina, que no pueden ser calificadas como casos fortuitos porque no son ajenas a la prestación del servicio público de salud. Las infecciones intrahospitalarias, si bien pueden llegar a ser irresistibles, no son imprevisibles pues constituyen un riesgo conocido por la ciencia médica y, además, son prevenibles y controlables, al punto de que la tasa de incidencia de infecciones nosocomiales en los pacientes de un establecimiento determinado es un indicador de la calidad y seguridad de la atención. En suma, en criterio de la Sala, el riesgo puede servir como factor para atribuir jurídicamente responsabilidad a la administración por los daños causados como consecuencia de una infección de carácter intrahospitalario, entendida como aquella que se contrae por el paciente en el hospital o centro asistencial. En estos eventos la responsabilidad es de carácter objetivo, por lo que la parte demandada, para liberarse de la obligación de indemnizar los perjuicios, tendrá que demostrar que el paciente ya portaba el cuadro infeccioso antes de ingresar al nosocomio

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 76001-23-31-000-1997-24141-01(27743) de 2013

¿Se configura una falla en el servicio por complicaciones en el parto cuando el embarazo ha tenido un normal devenir? Sí, la Sala ha venido sosteniendo que el daño causado durante el parto de un embarazo normal constituye un indicio de falla del servicio, siempre que dicho embarazo hubiera transcurrido en términos de normalidad y que el daño hubiera ocurrido una vez producida la actuación médica dirigida a atender el alumbramiento. En consecuencia la falla podría sustentarse en indicios, es decir, en el solo hecho de que la evolución y proceso de embarazo se hubiera desarrollado en términos normales hasta el momento del parto. Lo anterior, como quiera que el solo indicio de falla del servicio, aunado a la prueba de la imputación fáctica que vincula la conducta con el daño, daría lugar a encontrar acreditada la responsabilidad. Por consiguiente, a la parte actora -en estos supuestos-, le corresponde acreditar el daño antijurídico, la imputación fáctica -que puede ser demostrada mediante indicios igualmente-, así como el indicio de falla, esto es, que el embarazo se desarrolló en términos normales hasta el momento del parto

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-1996-12661-01(27493) de 2013

¿La falta de consentimiento del paciente ante una operación médica es por sí misma un elemento generador de responsabilidad? - Sí, se puede decir que lo que hace jurídicamente relevante a la operación (hecho físico) radica en la finalidad del agente en concurrencia consentimiento del paciente. Únicamente, en virtud de esta conjunción se puede decir que el acto físico de la intervención en el cuerpo cuenta para el derecho como un acto médico-quirúrgico, que permite diferenciarlo del acto criminal o simplemente del abusivo o antijurídico y en virtud del cual se puede decir que el paciente, al consentir la operación, asume como suyo el riesgo, dentro de los límites de la buena fe. Por el contrario, allí donde fallan estos dos requisitos, la intervención médico-quirúrgica se torna total o parcialmente antijurídica y no se produce asunción alguna del riesgo por parte del paciente, recayendo íntegramente en el agente que la realiza. Por esta razón, se puede decir que la ausencia de consentimiento es per se generadora de responsabilidad en cabeza del tratante, aun cuando los resultados negativos que de la operación se sigan no sean otra cosa que la realización de un riesgo inherente o, incluso, una consecuencia inevitable. En otras palabras, se puede decir que el paciente asume los riesgos consentidos (y previamente informados), mientras que por lo que vaya más allá de tal consentimiento responde el médico, según el régimen de la responsabilidad objetiva

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 66001-23-31-000-1999-00494-01(26923) de 2013

¿Se configura responsabilidad del estado por falla en el servicio al incumplir la obligación de elaborar y mantener la historia clínica? - Sí, el daño a establecer debe partir del análisis del acto médico como una actividad compleja que no se agota en un solo momento, abarca también las obligaciones consagradas en la ley 23 de 1981, especialmente aquellas referidas a la apertura, manejo, custodia, archivo y conservación de la historia clínica, como elemento esencial en la documentación de la actividad médica prestada en un caso concreto. Para el cumplimiento de la obligación de elaborar una historia clínica conforme al deber normativo, deben satisfacerse ciertos criterios: a) claridad en la información (relativa al ingreso, evolución, pruebas diagnósticas, intervenciones, curaciones o profilaxis, tratamientos, etc.); b) fidelidad en la información que se refleje y que corresponda con la situación médica del paciente y, con el período en el que se presta la atención médica; c) que sea completa tanto en el iter prestacional, como en la existencia de todo el material que debe reposar en los archivos de la entidad de prestación de la salud; d) debe dejarse consignado dentro de la historia clínica de manera ordenada, cronológica y secuencial toda la información de diagnóstico, tratamientos, intervenciones quirúrgicas, medicamentos y demás datos indispensables que reflejen el estado de salud del paciente; e) debe orientar y permitir la continuidad en la atención y proporcionar al médico la mejor información, posible, para adoptar decisiones sin improvisación para así ofrecer las mejores alternativas médicas, terapéuticas y-o quirúrgicas, siempre con el objetivo de resguardar la eficacia del derecho a la salud

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2001-00572-01(26352) de 2013

¿A quién le corresponde probar la falla en el servicio por daños derivados del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades? - En los casos en los que se discute la responsabilidad de la administración por daños derivados del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, incluidas las intervenciones quirúrgicas, la parte actora tiene la carga de demostrar la falla del servicio atribuible a la entidad. Toda vez que la falla del servicio se deriva de la omisión de utilizar los medios diagnósticos o terapéuticos aconsejados por los protocolos médicos; por no prever siendo previsible, los efectos secundarios de un tratamiento; por no hacer el seguimiento que corresponde a la evolución de la enfermedad, bien para modificar el diagnóstico o el tratamiento, y en fin de todas aquellas actuaciones que demuestren que el servicio fue prestado de manera deficiente

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 68001-23-15-000-1995-11195-01(25869) de 2013

¿Puede configurarse responsabilidad del Estado por pérdida de oportunidad y de ser así cómo se indemniza? Sí, la pérdida de oportunidad ha sido entendida como un daño autónomo, distinto e independiente del daño final; que cuando una falla del servicio ha cercenado una oportunidad cierta y razonable de obtener un resultado favorable o evitar un perjuicio hay lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado, no por el daño final, sino por la oportunidad pérdida, que debe ser cuantificada económicamente de acuerdo con los medios probatorios y circunstancias propias de los hechos. En ese orden, la forma cómo se indemniza, que constituye el problema fundamental en lo que tiene que ver con este tema, ha sido direccionada a la concesión de sumas genéricas por un rubro llamado "pérdida de oportunidad". Adicional a esto, en algunas decisiones, se ha estimado procedente la condena por perjuicios morales, con la aclaración de que no se conceden por el dolor, angustia y congoja sufrida por los demandantes por el daño final (especialmente cuando se trata de familiares de una persona que murió), sino por la pérdida de las probabilidades de recuperarse. De acuerdo con el estado actual de la jurisprudencia, no es procedente una condena en razón de perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) ni daño a la salud, comoquiera que esos perjuicios tienen causa directa en el daño final, el cual no se indemniza en los eventos planteados

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2012

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 05001-23-24-000-1994-02530-01(22304) de 2012

¿Qué incluye la obligación de seguridad? - La obligación de seguridad es una sola y, por consiguiente, es comprehensiva de diversas actividades como las de: protección, cuidado, vigilancia y custodia, circunstancia por la que todas las instituciones de prestación de servicios de salud deberán contar con la infraestructura necesaria en lo que se refiere a iluminación, señalización, accesos, ventanas, techos, paredes, muros, zonas verdes y demás instalaciones relacionadas con el servicio público de salud. De otra parte, los establecimientos hospitalarios deberán adoptar todas las medidas que minimicen los riesgos de robo de menores y de agresiones a los pacientes por terceros (arts. 3º y 4º Resolución 741 de 1997). La obligación de seguridad permite entenderla como un concepto unívoco al que están obligados legal y reglamentariamente todas las instituciones de salud sin distinción alguna, y cuya inobservancia genera la imposición de sanciones y, consecuencialmente, la declaratoria de responsabilidad patrimonial de los prestadores del servicio, lo que presupone un juicioso y estricto análisis de imputación fáctica, especialmente la ocurrencia o no de una causa extraña como quiera que la mayoría de esos daños tienen su génesis en circunstancias que, por lo general, resultaban previsibles y resistibles para las instituciones de salud (v.gr. el hecho de un tercero o el hecho exclusivo y determinante de la víctima), en cuyo caso se impondrá la declaratoria de responsabilidad de la administración sanitaria y hospitalaria. -No exigibilidad del registro civil como prueba -Evento adverso

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 05001-23-25-000-1994-02074-01(21859) de 2012

Recurso de apelación. Segunda instancia. Límites. Análisis. Se declaró administrativamente responsable al Hospital de la Misericordia del municipio de Yalí E.S.E., por la tardía remisión al Hospital General de Medellín de un paciente que presentaba herida abdominal ocasionada por bala perdida, la entidad médica con su omisión impidió que se suministrara el adecuado e idóneo tratamiento que se requería, lo que produjo el deceso por sepsis generalizada. Se reitera la jurisprudencia -acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Plena de la Sección Tercera, según la cual el daño moral al hacer referencia a la órbita interna del sujeto, no puede ser tasado a partir de criterios objetivos o tablas de punto, razón por la que para su liquidación se ha optado por la aplicación del arbitrio juris. No se presentó una pérdida de oportunidad para el paciente, sino una falla del servicio integral que afectó -por completo- la prestación del servicio médico asistencial. Legitimación en la causa pasiva y activa - Noción. Definición. Concepto

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19001-23-31-000-1997-02300-01(21014) de 2012

¿Cómo se prueba la falla en el servicio en un caso de responsabilidad patrimonial del Estado por falla en el servicio médico? - En el caso de responsabilidad del Estado por falla en el servicio médico, el nexo de causalidad dada la ausencia de pruebas directas respecto de dicha relación en el presente caso, se puede afirmar sin duda alguna que la Historia Clínica se constituye en uno de los documentos fundamentales que permiten establecer, dentro del proceso, la verdad de lo ocurrido en el curso del tratamiento médico-asistencial prodigado a una persona que alega haber sufrido un perjuicio con ocasión de dicho tratamiento. De tal manera que es vital como prueba indiciaria

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2011

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 05001-23-24-000-1996-02181-01(20836) de 2011

Se demanda la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL por la falla en la prestación médica. Caducidad de la acción. Noción. Definición. Sanción. Pérdida de una oportunidad procesal. Regulación normativa. Cómputo. Falla de la actividad medica. Caducidad de la acción. Falla del servicio médico hospitalario. Responsabilidad medica. Oblito quirúrgico. Régimen de responsabilidad objetivo

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 76001-23-24-000-1997-03977-01(20480) de 2011

Acción de reparación directa. Responsabilidad extracontractual del estado. Presupuestos. Elementos. Daño antijurídico. Imputación. Responsabilidad del estado. Presupuestos. Elementos. Daño antijurídico. Imputación. Responsabilidad del estado. Constitucionalización. Mecanismo de protección de los administrados. Responsabilidad del estado. Daño antijurídico. Principio de solidaridad. Principio de igualdad. Principio de imputabilidad. Imputación objetiva. Falla medica. Falla probada del servicio. Falla del servicio médico asistencial. Falla probada. Falla medica. Atención no oportuna. Atención ineficaz. Perjuicio moral. Amputación de extremidad. Reconocimiento a familiares. Daño moral. Reglas de la experiencia. Tasación. Intensidad del daño

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 66001-23-31-000-1998-00626-01(20220) de 2011

Acción de reparación directa por deficiencia en la prestación del servicio médico que ocasionó la muerte del paciente. Responsabilidad extracontractual del estado. Presupuestos. Elementos. Daño antijurídico. Imputación. Presupuestos. Elementos. Daño antijurídico. Imputación. Responsabilidad del estado. Constitucionalización. Mecanismo de protección de los administrados. Daño antijurídico. Principio de solidaridad. Principio de igualdad. Imputación. Principio de imputabilidad. Falla medica. Falla probada del servicio. Falla del servicio medico asistencial. Responsabilidad medica. Atención no oportuna. Atención ineficaz. Atención inapropiada. Atención incompleta. Dilación trámite administrativo. Deficiencias presupuestales. Acto médico. Complejo. Iter continuado

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 76001-23-25-000-1996-04014-01(20116) de 2011

Declaró responsable al Hospital Departamental de Buenaventura, por la deficiente prestación del servicio médico suministrado a un paciente a quien se le infectaron sus heridas, haciendo necesario la amputación de una de sus extremidades inferiores. El daño antijurídico, por amputación de una de las extremidades inferiores realizada a un paciente. Renuencia de entidad hospitalaria para que aporte historia clínica, constituye una falta de lealtad y configura un indicio en contra. Omisión en la atención médica del paciente configura una falla del servicio médico. Las entidades hospitalarias cumplen una labor social, su actuación compromete el interés general en la medida que prestan un servicio público, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 47001-23-31-000-1994-03766-01(19963) de 2011

Falla del servicio médico en la atención medica de dos menores que padecieron isoinmunización por factor RH. Caducidad de la acción. Configuración. Término. Demanda. Presentada en término. Conflicto de competencia. Conflicto de jurisdicción. Incertidumbre. Jurisprudencia del Consejo de Estado. Acceso a la administración de justicia. Vulneración. Responsabilidad del estado. Prestación del servicio de salud. Naturaleza subjetiva. Titulo de imputación. Falla probada del servicio. Responsabilidad por falla medica. Acreditación de la falla, el daño antijurídico y el nexo de causalidad. Carga de la prueba del nexo causal. Corresponde al demandante. Prueba indirecta. Indicios. Historia clínica. Prueba idónea. Perjuicios morales. Acreditación. Presunción del perjuicio. Sin importar si es leve o grave. Cambio jurisprudencial. Llamamiento en garantía. Conducta dolosa o gravemente culposa

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 60001-23-31-000-1996-02695-01(19471) de 2011

El Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable al Hospital Carlos Carmona Montoya de Cali, por la deficiente prestación del servicio médico y hospitalario en el área de gineco obstetricia, que ocasionó la muerte del bebé que esperaba una materna. Acreditación del daño antijurídico y la imputabilidad a la entidad demandada. La entidad hospitalaria incurrió en una falla del servicio médico hospitalario. Caducidad de la acción. Solicitud audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Excepción de inepta demanda. Liquidación de perjuicios. Perjuicio moral. Tasación. Pauta jurisprudencial. Se fija en salarios mínimos legales mensuales vigentes

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19001-23-31-000-1997-03715-01(19360) de 2011

Falla en el servicio del ISS se analiza bajo la tesis de la pérdida de un chance u oportunidad. Pérdida de obtener una atención oportuna ocasionada por la demora en la reintervención del paciente. No se accedió al pago de los perjuicios materiales a favor de cónyuge supérstite, al considerar que la responsabilidad de la entidad demandada se concretó en la pérdida de oportunidad de lograr sobrevivir o recuperar la salud y no en el fallecimiento del paciente. Falla probada del servicio

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-1996-02714-01(19040) de 2011

Se condena al Instituto de Seguros Sociales por la deficiente prestación del servicio médico al informar a una paciente que era portadora de VIH, basado en un examen erróneo y sin confirmar, omitiendo el protocolo establecido y la atención integral que se debe dar a los pacientes diagnosticados con VIH o con sospecha. Responsabilidad del Estado, al encontrarse acreditado que la información, suministrada a la demandante fue prematura, precipitada, sin confirmación y violatoria de los protocolos establecidos, acerca de un diagnóstico de infección con el virus del SIDA, que a la postre no resultó correcto y el comportamiento negligente de la entidad en el manejo de la paciente sospechosa de ser portadora del VIH. Responsabilidad extracontractual del Estado. Error en el diagnóstico. Falla del servicio. Decreto 559 de 1991. Prevención, control y vigilancia del VIH y SIDA. Liquidación de perjuicios. Perjuicios materiales. Lucro cesante. Nexo causal entre el daño y la actuación de la administración. Principio de reparación integral del daño

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 73001-23-31-000-1998-00298-01(18793) de 2011

Acción de reparación directa. Responsabilidad extrapatrimonial del estado. Falla en el servicio de salud. Régimen aplicable. Carga de la prueba. Antecedentes jurisprudenciales. Falla del servicio probada. Régimen aplicable. Falla del servicio presunta. Régimen excepcional. Causalidad probabilística. Noción. Reconocimiento de la innegable realidad que se ha descrito en punto de los límites del conocimiento científico en virtud de la cual el juez puede válidamente dar por demostrada la relación de causalidad en un supuesto específico sin necesidad de exigir plena prueba o certeza absoluta de la misma. Falla relacionada en grado de probabilidad suficiente con la muerte cerebral de la paciente y su posterior defunción. Inexistencia de documento en el que conste valoración preanestésica de la paciente. Perjuicio moral. Noción. Naturaleza compensatoria. Daños inmateriales. Acreditación del parentesco. Daño emergente. Reconocimiento de servicios de transporte

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 17001-23-31-000-1997-08001-01(18515) de 2011

Responsabilidad extracontractual del estado. Acción de reparación directa. Falla del servicio médico. Legitimación en la causa por activa. Acreditación. Prueba. Registro civil. Responsabilidad de naturaleza subjetiva. Título de imputación. Falla probada del servicio. Incumplimiento de los protocolos médicos exigidos para la atención del paciente. Llamamiento en garantía. Culpa grave. Debe probarse. Repetición. Llamados en garantía. Acreditación de la responsabilidad. Perjuicios. Morales y materiales. Lucro cesante. Daño emergente

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-1994-09702-01(16934) de 2011

Acción de reparación directa. Falla del servicio médico. Responsabilidad del Estado. Configuración. Falla probada del servicio. Daño. Acreditación. Prueba indiciaria. Falla del servicio. Daño. Nexo de causalidad. Configuración. Liquidación de perjuicios morales. Salarios mínimos legales mensuales vigentes. Principio de la no reformatio in pejus. Aplicación

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2010

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 66001-23-31-000-1998-00625-01(17837) de 2010

Responsabilidad médica. Prueba de la falla en el servicio. Prueba directa. Prueba indiciaria. Accidente quirúrgico. No era previsible ni resistible

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 13001-23-31-000-1996-01692-01(17606) de 2010

Responsabilidad medica estatal - Falla probada del servicio. la ciencia médica es susceptible de emitir diferentes juicios respecto de una misma situación clínica y, en consecuencia, puede haber equivocaciones en el diagnóstico y tratamiento correspondientes que no generen responsabilidad en la entidad prestadora del servicio médico. Demanda en ejercicio de la acción de reparación directa

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2009

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-1994-00175-01(16147) de 2009

Naturaleza y características de la historia clínica. Falla en el servicio médico. El hecho de tomarse la actividad de diagnóstico médico a la ligera, olvidando prácticas elementales, es lo que en más de una oportunidad ha llevado a una condena por daños y perjuicios. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha explicado en qué consiste la falla en el servicio médico con ocasión de un diagnóstico al decir que "lo que debe evaluarse, en cada caso, es si se utilizaron todos los recursos, esto es, si se practicaron los procedimientos adecuados para llegar a un diagnóstico acertado. Al médico no le es cuestionable el error en sí mismo, sino el comportamiento inexcusable que lo llevó a cometerlo. La ausencia de diagnóstico y tratamiento oportunos, constituye una clara falla del servicio. Existencia de un nexo de causalidad directo e indiscutible entre la falla en el servicio médico consistente en el diagnóstico incompleto o errado y el daño Si bien no se puede garantizar que de haberse prestado la atención médica adecuada al paciente, éste no habría fallecido, sí se puede afirmar, que el diagnóstico incompleto o errado constituyó una falla del servicio y contribuyó al empeoramiento del paciente y a su deceso. La entidad demandada, a pesar de que tuvo la oportunidad de intervenir y de cumplir con sus obligaciones de proveer atención médica, con su indebida atención del paciente y, con su tremenda omisión respecto de la neumonía, hizo todo lo contrario: posibilitó que la enfermedad siguiera su curso hasta llegar a la muerte.

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2008

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2006-00013-01(32690) de 2008

En los contratos donde se pacte una modalidad de pago diferente a la capitación, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, las EPS o ARS y las IPS se sujetarán a un procedimiento de trámite y pago de las cuentas. Acción de nulidad contra unos apartes del artículo 9 del Decreto Reglamentario 3260 de 2004, sobre reglas para el pago en los contratos por conjunto integral de atención, pago por evento u otras modalidades diferentes a la capitación en regímenes contributivo y subsidiado de salud. Fallo: Nulidad parcial artículo 9 de decreto 3260 de 2004, totalmente el numeral 2 y parágrafo 2 y parcialmente el numeral 3. Régimen de seguridad social en salud - Modalidad de pago a instituciones prestadoras del servicio de salud por ARS, IPS y EPS

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2007

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 50001-23-31-000-2005-00309-01(32217) de 2007

Por obligación expresa debe entenderse aquella que aparece manifiesta en la redacción misma del título, es decir que en el documento (s) que contiene la obligación debe constar en forma nítida el "crédito - deuda" sin que para ello haya que acudir a elucubraciones o suposiciones. Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales. Contrato estatal - Integración de título ejecutivo complejo. Proceso ejecutivo - Título ejecutivo. Proceso contencioso administrativo - Documento auténtico como prueba. Contrato de Administración de Recursos del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-1999-02583-01(26371) de 2007

El juez ordinario es competente para conocer de litigios derivados del Sistema General Integral de Seguridad Social. Proceso ejecutivo contractual - Acumulación de pretensiones. Pago integral. Cobro de lo no debido. Sistema General Integral de Seguridad Social - Contratos celebrados por E.S.E

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 76001-23-31-000-1994-00916-01(16010) de 2007

Se radicó en cabeza de la Jurisdicción Ordinaria Laboral el conocimiento de todo lo relacionado con el Sistema de Seguridad Social Integral, concretamente en cuanto se refiere a las posibles controversias que se presenten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. Jurisdicción laboral - Competencia. Responsabilidad médica. Responsabilidad hospitalaria. Sistema de Seguridad Social Integral - Solución de controversias. Falla en la prestación de servicio médico. Servicio público de salud. Acción de reparación directa - Término de caducidad. Proceso de reparación direca - Culpa de la víctima

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-1998-00017-00(15071) de 2007

¿Se debe entender por sorteo o por Sorteo Extraordinario de Lotería el juego de suerte y azar con premios en dinero que se desarrolla entre el ente gestor y el jugador con sujeción a un régimen legal y reglamentario de carácter especial en lo referente a su organización, explotación y control, planes de premios; volumen y modalidades de emisión de la billetería y periodicidad y frecuencia de juego? Acción de simple nulidad ejercida contra las Circulares Nos. 47 y 54 de 1997, expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, dirigidas a los Representantes Legales de las Loterías o Beneficencias que administran loterías, concesionarios, Concedentes del Juego de Apuestas Permanentes "Chance" y Concesionarios. Fallo: Nulidad de los Numerales 1.4 - 1.5 - 1.7 - 1.7.1 - 1.7.2 - 1.7.3 - 1.8 incisos primero y segundo, y numeral 5, de la Circular No. 47 del 14 de noviembre de 1997, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Superintendencia Nacional de Salud - Competencia en juegos de suerte y azar. Loterías - Reglamentación. Juego de Apuestas Permanentes "Chance" y Concesionarios

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2006

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 47001-23-31-000-2002-00614-01(AG) de 2006

¿En la acción de grupo la conformación del grupo no sólo estará referida al criterio cuantitativo (más de 20 personas), sino también al criterio cualitativo que implica la existencia de un conjunto de individuos que pretenden la reparación de sus perjuicios individuales originados en el mismo hecho generador o la misma causa? Población desplazada por la violencia. Convenios interadministrativos para atención a población desplazada. Entidades territoriales - Inclusión en plan de desarrollo de la atención a población desplazada. Acción de grupo - Representación judicial

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B de 2006

¿Quién es desplazado? ¿La reparación de perjuicios que se reclama a través de la acción de grupo puede derivarse de la vulneración de derechos de cualquier naturaleza y no necesariamente de derechos colectivos? Acción de grupo - Término de prescripción. Desplazamiento forzado. Desplazado - Definición. Derecho al domicilio

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 23001-23-31-000-2003-01328-01(30770) de 2006

¿El cobro de un título da lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas, y de la presunción de autenticidad de los títulos valores consagrada en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil? Contrato estatal - Integración de título ejecutivo complejo. Documentos que conforman título ejecutivo. Proceso ejecutivo - Título ejecutivo singular. Título ejecutivo complejo. Contrato de Administración de Recursos del Régimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud - Acta de liquidación como título ejecutivo

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 47001-23-31-000-1996-04901-01(15471) de 2006

¿Las Asambleas Departamentales sólo pueden delegar facultades extraordinarias al Gobernador en forma precisa y pro tempore? ¿El Gobierno sí puede enajenar, liquidar e incluso otorgar en cabeza de terceros el ejercicio de una actividad monopolística? Impuesto al consumo de licores. Monopolio de licores a favor de departamentos - Convenio con terceros para comercialización. Convenio interdepartamental de comercilización de licores. Convenio interadministrativo. Contrato estatal de concesión de venta de licores. Acto administrativo -Nulidad

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2005

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19001-23-31-000-2004-00826-01(AP) de 2005

¿Cuando una entidad territorial adopta el monopolio sobre los licores destilados, deja de percibir el impuesto al consumo, que no tiene destinación específica, para percibir la participación porcentual derivada del ejercicio del monopolio? Patrimonio público. Principio de moralidad administrativa. Impuesto al consumo de licores. Acción popular. Monopolio sobre licores destilados. Entidades territoriales - Ingresos fiscales

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 66001-23-31-000-2004-00464-01(AP) de 2005

¿Si la decisión de declarar inexequible una norma determinada produce efectos hacia el futuro, es lógico concluir que, mientras el fallo que así lo decida no surta efectos, se presume la constitucionalidad de la disposición? Acción popular. Principio de moralidad administrativa. Derechos colectivos. Función administrativa. Fallos de constitucionalidad - Efectos. Impuesto de industria y comercio - EPS como sujeto pasivo. EPS - Obligación de impuesto de industria y comercio. Exención de impuesto de industria y comercio. Proceso administrativo - Excepción de inconstitucionalidad

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG) de 2005

¿Por ser la acción de grupo de carácter indemnizatorio, debe ser conocida por la sección tercera del Consejo de Estado? Consejo de Estado - Sección tercera. Acción de grupo. Indemnización de perjuicios. Desplazamiento forzoso

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2004

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 08001-23-31-000-2000-02653-01(22006) de 2004

¿Los recursos constituidos por las transferencias de los ingresos corrientes de la Nación a favor de las entidades territoriales son inembargables o existen excepciones a esa regla general? Entidades territoriales - Transferencia de recursos de la Nación. Transferencia de recursos para la salud. Recursos inembargables. Transferencia de destinación específica. Embargo de recursos transferidos por la Nación. Principio de inembargabilidad de recursos de la Nación. Proceso ejecutivo - Medidas cautelares

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2003

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 41001-23-31-000-2001-0564-01(AP-622) de 2003

Ministerio de Salud - Competencia en materia de práctica de autopsias, control del traslado, inhumación y exhumación de cadáveres o restos de ellos. Servicios seccionales de salud - Integración con los servicios de medicina legal. Sitios donde deben practicarse las necropsias

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2002

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 20978 de 2002

Proceso ejecutivo contractual, se limita a obligaciones propias del contrato estatal - Proceso de EPS contra Dirección seccional de salud para obtener el pago de saldo en la liquidación del contrato

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2001

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente AC738 de 2001

Intervención quirúrgica no incluida en el POS

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 13166 de 2001

Historia clínica, prueba idónea para demostrar actuación; controversia

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2000

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente AC10411 de 2000

Tutela. ISS. Suministro de medicamentos con los que no cuenta la entidad

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 17903 de 2000

Empresas Sociales del Estado - Jurisdicción contencioso administrativa

Providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 12548 de 2000

Responsabilidad médica, aspectos probatorios

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ISSN : [978-958-96956-1-6]

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